El Consejo Nacional de Transición (CNT) de Malí aprobó este jueves 9 de julio de 2026 el proyecto de ley sobre la organización general de la defensa y la seguridad, una reforma que actualiza el marco jurídico vigente desde 2004 para adaptarlo a la evolución de las amenazas, incorporando por primera vez la seguridad interior y la ciberdefensa como componentes de la estrategia nacional.
El texto, previamente adoptado por el Consejo de Ministros el 25 de junio, revisa la ley del 23 de noviembre de 2004 relativa a la organización general de la defensa nacional. Según el Gobierno, la reforma busca corregir las deficiencias detectadas durante más de dos décadas de aplicación del marco anterior y adecuar la legislación a las nuevas realidades geopolíticas, geoestratégicas y de seguridad.
La nueva normativa introduce cambios de fondo en la arquitectura institucional del sector. Define con mayor claridad las competencias del presidente de la República, del Gobierno y de los ministerios implicados, al tiempo que consagra la unidad del mando operativo bajo la autoridad del Jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, en el marco de la defensa operativa del territorio.
Asimismo, la ley crea el Consejo de Seguridad Nacional y el Comité de Defensa Nacional, concebidos como órganos de orientación estratégica y coordinación al servicio del jefe del Estado. Estas nuevas instancias sustituyen al anterior Consejo Superior de Defensa y al antiguo Comité de Defensa Nacional previstos en la legislación de 2004.
Durante la sesión del CNT, el ministro de Seguridad y Protección Civil, el general Daouda Aly Mohammedine, defendió la reforma como una actualización necesaria tras más de veinte años de vigencia del marco anterior. También destacó la importancia de reforzar la administración territorial, implicar a las autoridades tradicionales en la lucha contra el terrorismo y fortalecer las capacidades de las fuerzas de seguridad mediante nuevas adquisiciones de equipamiento y procesos de reclutamiento.
La ley otorga además un papel más amplio a las administraciones territoriales, las colectividades locales, los servicios descentralizados, la sociedad civil y la población en la preparación y ejecución de la defensa civil. Asimismo, asigna al Ministerio de Asuntos Exteriores un papel en la proyección diplomática de la política nacional de seguridad y en el fortalecimiento de la cooperación internacional en este ámbito. La aprobación de esta reforma se produce en un contexto de persistente presión sobre la seguridad, tras los ataques coordinados del 4 de julio contra posiciones de las Fuerzas Armadas Malienses (FAMa) en Anéfis, Gao, Aguel-Hoc, Sévaré y Kéniéroba, y forma parte del proceso de reorganización del aparato militar iniciado después de la retirada de la operación Barkhane en 2022 y del fin de la misión de la MINUSMA en 2023.