La Fiscalía de Dakar anunció el viernes por la noche haber contabilizado provisionalmente 76 personas fallecidas y más de 200 presuntas víctimas de torturas o tratos inhumanos en el marco de la investigación sobre los acontecimientos político-judiciales ocurridos en Senegal entre 2021 y 2024.
En un comunicado, el fiscal de la República ante el Tribunal de Gran Instancia de Dakar indicó que en julio de 2025 recibió instrucciones para abrir una investigación sobre delitos susceptibles, «por su magnitud y carácter sistemático», de ser calificados como crímenes de lesa humanidad.
La Sección de Investigaciones de la Gendarmería Nacional de Dakar fue encargada de las pesquisas el 4 de agosto de 2025.
Las primeras investigaciones, realizadas entre octubre de 2025 y septiembre de 2026 a partir de la documentación disponible, permitieron contabilizar provisionalmente 76 personas fallecidas, 41 de ellas en la región de Dakar.
La Fiscalía informó asimismo de más de 200 personas consideradas presuntas víctimas de actos de tortura o de tratos inhumanos, crueles o degradantes.
En total, los investigadores tomaron declaración a 166 víctimas y testigos. Según la Fiscalía, el análisis de los informes médicos y otras diligencias realizadas permitieron detectar indicios de asesinatos, homicidios, persecuciones y actos de tortura u otros tratos inhumanos, crueles o degradantes.
Estos hechos podrían, según la autoridad judicial, ser calificados como crímenes de lesa humanidad.
Cinco imputados
Las investigaciones condujeron a la detención de cinco personas, cuatro de las cuales son sospechosas de haber participado en actos de tortura contra Pape Abdoulaye Touré.
La quinta persona fue detenida en el marco de la investigación sobre la muerte de Mamadou Ndoye, quien, según la Fiscalía, habría sido atropellado deliberadamente y causado su muerte en Bargny por un vehículo de la Policía.
El 23 de septiembre de 2026, las cinco personas fueron imputadas por los jueces de instrucción encargados conjuntamente del caso por crímenes de lesa humanidad relacionados con actos de tortura y homicidio.
Dos de ellas fueron puestas en prisión preventiva, mientras que las otras tres quedaron bajo control judicial o arresto domiciliario con vigilancia electrónica.
El fiscal de la República, que había solicitado la prisión preventiva para todos los imputados, recurrió esta decisión el 28 de septiembre de 2026.
La investigación continúa
Los jueces de instrucción fueron instados a continuar las investigaciones mediante delegaciones judiciales, solicitudes de colaboración, requerimientos y comisiones rogatorias, así como cualquier otra diligencia que pueda contribuir al esclarecimiento de los hechos.
La Fiscalía anunció además que podrían abrirse otros procedimientos ante las jurisdicciones competentes en función de los distintos niveles de responsabilidad que sean determinados por la investigación y la instrucción judicial.
SG/RT/APA