Senegal pretende reforzar la protección de los denunciantes para promover la transparencia y combatir la corrupción.
En la apertura de un seminario internacional dedicado a esta cuestión, celebrado el miércoles en Dakar, el ministro de Justicia, Moussa Sarr, pidió una mayor coordinación entre los mecanismos de denuncia, las instituciones de control y las autoridades judiciales.
En nombre del presidente de la República, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, subrayó la necesidad de proteger a quienes denuncian hechos que puedan perjudicar el interés general, garantizando al mismo tiempo los derechos de las personas señaladas.
«Antes de ser una cuestión jurídica, denunciar es un acto de valentía, pero sobre todo de responsabilidad», declaró, al referirse a los riesgos de represalias que afrontan los denunciantes.
Un marco jurídico pendiente de aplicación efectiva
Los trabajos abordan, entre otros aspectos, la aplicación de la Ley n.º 2025-14, del 4 de septiembre de 2025, presentada como un pilar de las reformas senegalesas en favor de la transparencia y la rendición de cuentas.
Según el ministro, el sistema contempla dos vías de denuncia: un procedimiento interno ante una persona designada como responsable y otro externo que permite acudir directamente a la Oficina Nacional de Lucha contra la Corrupción (OFNAC).
La ley también prevé protección contra las represalias para quienes respeten los procedimientos establecidos, así como un incentivo económico, sujeto a determinadas condiciones, equivalente al 10 % de las cantidades recuperadas como consecuencia de una condena.
El reto consiste ahora en hacer plenamente efectivas estas garantías. Las recomendaciones del seminario deberían contribuir a precisar las modalidades de aplicación del sistema.
Coordinación institucional y respeto de los derechos
El encuentro reúne a mediadores, defensores del pueblo y fiscales, llamados a coordinar mejor sus intervenciones, desde la recepción de las denuncias hasta su eventual remisión al ministerio público.
El ministro planteó cuestiones relacionadas con la verificación de las denuncias, los plazos de tramitación y la activación de la protección. La legislación establece un plazo de dos meses para que el responsable interno informe al denunciante sobre el seguimiento dado a su comunicación, frente a tres meses en el caso de la OFNAC.
Moussa Sarr también insistió en preservar la confidencialidad y la presunción de inocencia. La identidad del denunciante debe protegerse para evitar represalias, mientras que la de la persona señalada solo puede divulgarse en las condiciones previstas por la ley.
Sin embargo, el anonimato puede dificultar la comprobación de los hechos, especialmente cuando los investigadores no pueden solicitar aclaraciones a su fuente. Los participantes deberán buscar un equilibrio entre la protección de las denuncias de buena fe, la eficacia de las investigaciones y el respeto de los derechos de la defensa.
Cooperación francófona contra la corrupción
El seminario da continuidad a los intercambios celebrados en Tirana, Albania, en junio de 2025. Su objetivo es definir principios comunes que puedan orientar a los Estados y parlamentos del espacio francófono. Al término de los trabajos se espera la adopción de una Declaración de Dakar.
La iniciativa cuenta, entre otras entidades, con la Asociación de Ombudsman y Mediadores de la Francofonía (AOMF), la Asociación Internacional de Fiscales Francófonos (AIPPF), la Asociación de Mediadores de los Países Miembros de la UEMOA (AMP-UEMOA), la Organización Internacional de la Francofonía (OIF) y la Asamblea Parlamentaria de la Francofonía (APF).
Esta dimensión internacional responde a los desafíos de la corrupción transfronteriza, que exige intercambios de información y una cooperación judicial reforzada.
Para las autoridades senegalesas, las conclusiones del encuentro deben contribuir a consolidar el marco jurídico nacional mediante las normas de aplicación y el fortalecimiento de las capacidades de los actores judiciales.
Más allá de las disposiciones legales, el desafío será permitir que quienes denuncien de buena fe presuntos hechos de corrupción puedan hacerlo sin temer por su empleo o su seguridad, garantizando al mismo tiempo un examen imparcial de las acusaciones.
El alcance de la reforma dependerá, por tanto, de su aplicación efectiva, de la rapidez en la tramitación de las denuncias y de la capacidad de las instituciones para conciliar transparencia, eficacia judicial y respeto de los derechos fundamentales.
SG/RT/APA