El Consejo de Ministros egipcio, reunido el miércoles 10 de diciembre, examinó los mecanismos jurídicos que deben adoptarse para hacer frente a los rumores, las noticias falsas y cualquier forma de daño que pueda perjudicar a la sociedad o a la economía egipcia, según una fuente oficial en El Cairo.
El Consejo encargó al Ministerio de Justicia, en coordinación con los ministerios y organismos competentes, la elaboración de un proyecto de ley para modificar el Código Penal con el fin de endurecer las sanciones relativas a los delitos vinculados a rumores y desinformación, así como la modificación del artículo 380 del Código Penal, a fin de garantizar un nivel suficiente de disuasión general, según un comunicado publicado el miércoles 10 de diciembre.
Los responsables de los ministerios y organismos implicados afirmaron que el importe de las multas previstas en el Código Penal contra la difusión de rumores y noticias falsas es «insuficiente». Es necesario «revisarlas en consonancia con el peligro que representan para la seguridad de la sociedad y la economía nacional», señala el texto publicado al término de la reunión.
Los ministerios y organismos competentes subrayaron la necesidad de crear unidades de detección temprana de rumores en todos los ministerios, encargadas de identificar y desmentir los rumores antes incluso de que se propaguen, añade el comunicado.
También se acordó «reforzar el papel desempeñado por el Servicio de Información del Consejo de Ministros y por las demás oficinas de información mediante la instauración de mecanismos de cooperación institucional para tratar los rumores o la desinformación desde su aparición, responder a ellos y desmentirlos en tiempo oportuno, sobre la base de datos precisos, información documentada y pruebas irrefutables».
Un proyecto de ley destinado a regular el acceso a los datos y su circulación está actualmente en fase de elaboración, conforme al artículo 68 de la Constitución, «con el fin de encontrar un equilibrio entre la transparencia, la disponibilidad de información, datos y estadísticas, la protección de información y datos confidenciales, la disuasión y la lucha eficaz contra los rumores y las noticias falsas», añade la misma fuente.
Este proyecto de ley constituirá «una herramienta eficaz para combatir la desinformación, regular el acceso de los ciudadanos a información fiable procedente de fuentes oficiales mediante vías legales claras, y poner fin a la difusión de datos engañosos, conforme al principio de transparencia», según el comunicado.
El Consejo de Ministros decidió encargar al Ministerio de Comunicaciones y Tecnologías de la Información la elaboración y puesta en marcha de un programa de formación especializado destinado a los empleados de los distintos servicios del Estado, con el objetivo de mejorar sus competencias técnicas en materia de seguimiento y verificación de rumores.