Mientras la Asamblea Nacional senegalesa vuelve a reunirse en torno a un texto sobre los créditos especiales, el Gobierno ha recurrido al Consejo Constitucional para que dirima sobre la delimitación entre el ámbito de la ley y el ámbito reglamentario.
El Gobierno senegalés recurrió el martes al Consejo Constitucional para impugnar la admisibilidad de una proposición de ley que regula el régimen jurídico de los créditos especiales, un día después de que la Asamblea Nacional aprobara una reforma constitucional sobre la declaración de patrimonio de los principales responsables del Estado.
En un comunicado remitido a APA, la Primatura indicó que la proposición de ley n.º 34/2026, relativa al régimen jurídico de los créditos especiales y aprobada en comisión, debe ser examinada en sesión plenaria el miércoles 19 de agosto a las 10:00 horas.
El Ejecutivo considera, sin embargo, que algunas disposiciones del texto pertenecen al ámbito reglamentario reservado al poder ejecutivo por los artículos 67 y 76 de la Constitución. En consecuencia, declaró inadmisible la proposición de ley antes de recurrir al Consejo Constitucional, de conformidad con el artículo 83 de la Constitución.
Este recurso se produce en un contexto de tensiones institucionales surgidas en torno al control de los fondos especiales. El Gobierno ya había propuesto en comisión centrar el texto en los créditos especiales asignados a la Presidencia de la República, la Asamblea Nacional y la Primatura, remitiendo a un decreto las modalidades de su control.
La decisión del Ejecutivo se produce asimismo un día después de una votación ampliamente favorable de la Asamblea Nacional sobre la modificación del artículo 37 de la Constitución. Los diputados aprobaron el lunes, por 133 votos contra 2, la proposición de ley que prevé, entre otras disposiciones, la declaración y publicación del patrimonio del presidente de la República al inicio y al final de su mandato.
Este nuevo episodio institucional se centra así en la delimitación de las competencias entre el poder legislativo y el poder reglamentario, mientras los diputados deben pronunciarse el miércoles sobre los créditos especiales.
El Consejo Constitucional deberá determinar ahora si las disposiciones impugnadas pueden mantenerse en el ámbito de la ley o si invaden efectivamente el ámbito reglamentario.
La Primatura precisó que su iniciativa busca preservar «el orden jurídico republicano», apoyándose también en el artículo 69, apartado 8, de la Ley Orgánica n.º 2025-11, de 18 de agosto de 2025, relativa al Reglamento Interior de la Asamblea Nacional.
SG/RT/APA