Según el informe, durante el período evaluado las autoridades chadianas no comunicaron ninguna investigación, procesamiento o condena por trata de personas. Tampoco identificaron víctimas, frente a una registrada el año anterior. Sin embargo, el Gobierno actualizó las estadísticas de un período anterior, señalando ocho casos investigados y cuatro traficantes condenados.
Aunque la legislación de 2018 establece penas de entre cuatro y treinta años de prisión y multas de 250.000 a cinco millones de francos CFA, su aplicación sigue siendo limitada. La falta de recursos, la escasa formación de policías y magistrados y las deficiencias del sistema judicial dificultan las investigaciones. El informe también denuncia presuntas complicidades de funcionarios y oficiales militares, así como actos de intimidación contra fiscales.
La protección de las víctimas continúa siendo insuficiente. Chad carece de un mecanismo nacional operativo de identificación y derivación, mientras que sus nueve centros de tránsito disponen de recursos limitados. La asistencia depende principalmente de organizaciones no gubernamentales e internacionales. Además, las víctimas extranjeras no cuentan con garantías legales específicas frente a posibles repatriaciones peligrosas.
En materia de prevención, Washington reconoce algunos avances, como la creación oficial de la Comisión Nacional de Lucha contra la Trata de Personas (CNLTP) en julio de 2025 y la adopción de un plan de acción para 2025-2027. No obstante, estas iniciativas carecen de financiación, mientras persisten los controles insuficientes sobre los reclutadores laborales y las actividades mineras informales.
El informe también señala la falta de medidas para reducir la demanda de servicios sexuales comerciales, la escasez de inspectores laborales y las deficiencias en la formación del personal diplomático. Únicamente las tropas chadianas desplegadas en Haití recibieron formación específica en este ámbito.
SG/RT/APA