Libia ha registrado avances alentadores en su proceso político, con la firma de un acuerdo destinado a superar el bloqueo institucional y allanar el camino hacia la celebración de elecciones parlamentarias y presidenciales, declaró el miércoles 14 de octubre la representante especial del secretario general de las Naciones Unidas para Libia, Hanna Tetteh, durante una sesión informativa ante el Consejo de Seguridad.
Según la responsable de la ONU, el acuerdo establece un calendario de hasta dos años para organizar los comicios bajo la autoridad de un Ejecutivo unificado. Contempla, en particular, la recomposición del consejo de administración de la Alta Comisión Electoral Nacional y la resolución de las discrepancias relativas al marco constitucional y jurídico de las elecciones.
Sin embargo, pese a su aprobación por la Cámara de Representantes, el texto se enfrenta al rechazo del Alto Consejo de Estado, lo que pone de manifiesto la persistencia de las divergencias entre las instituciones rivales.
Hanna Tetteh anunció nuevas consultas con los miembros del minidiálogo 4+4 para examinar la posibilidad de establecer un mecanismo nacional alternativo, representativo de los diferentes componentes políticos.
Asimismo, instó a los actores libios a evitar cualquier obstrucción adicional, subrayando que el país no puede permitirse nuevos retrasos en la preparación de las elecciones y la unificación de las instituciones.
En materia de seguridad, la representante especial acogió favorablemente las consultas entre responsables militares del este y el oeste del país, así como los esfuerzos destinados a reforzar la coordinación y el intercambio de información en Trípoli y Bengasi.
No obstante, señaló la persistencia de tensiones en el oeste de Libia y de importantes disparidades en materia de servicios públicos y desarrollo en el sur del país.
La situación económica sigue siendo igualmente preocupante. Hanna Tetteh informó de una inflación cercana al 14 %, una erosión del poder adquisitivo y una elevada carga financiera derivada de las subvenciones a los combustibles, agravada por el contrabando.
Por otra parte, los cierres de yacimientos petrolíferos y oleoductos provocan pérdidas económicas y amenazan el suministro energético.
Los sectores de la sanidad y la educación también se ven afectados por movimientos de protesta social, en un contexto de retrasos en el pago de salarios e indemnizaciones.
En el ámbito de los derechos humanos, la responsable de la ONU abogó por una moratoria de las ejecuciones y el fortalecimiento de las garantías de un juicio justo.
También advirtió contra los discursos hostiles dirigidos a migrantes, refugiados y trabajadores humanitarios.
Pese a los avances anunciados, la materialización del proceso político sigue dependiendo de un compromiso entre las instituciones rivales, cuyas divergencias continúan debilitando las perspectivas de una estabilización duradera del país.
SG/RT/APA