Tras una irrupción armada destinada a imponer a un vicepresidente, la Oficina de Auditoría libia suspende sus actividades, poniendo de manifiesto la vulnerabilidad de los organismos de control ante las pugnas de poder.
La Oficina de Auditoría libia anunció la suspensión de sus actividades hasta nuevo aviso tras un ataque de hombres armados contra su sede en Trípoli. Según un comunicado de la institución, los asaltantes habrían intentado imponer el nombramiento de un vicepresidente, tras un intercambio de comunicaciones entre la Cámara de Representantes y el Alto Consejo de Estado.
La incursión habría puesto en peligro al presidente, los miembros y los empleados de la oficina, además de comprometer su independencia. El incidente pone de relieve las dificultades persistentes del Estado libio para proteger sus instituciones frente a intervenciones coercitivas.
La institución afirma que los individuos armados intentaron instalar a un responsable sin fundamento legal, recurriendo a la fuerza en lugar de seguir los procedimientos previstos en la legislación. Considera esta irrupción una vulneración de su capacidad para ejercer libremente sus funciones de control.
Según la oficina, la suspensión busca preservar su independencia hasta que las autoridades competentes sean informadas y se esclarezcan las circunstancias del ataque. Sin embargo, la interrupción de las actividades de un organismo encargado de la auditoría y el control debilita aún más el aparato institucional, en un país donde la transparencia de la gestión pública sigue siendo un desafío fundamental.
La Oficina de Auditoría rechazó cualquier posibilidad de ejercer sus funciones bajo intimidación o coacción armada. Anunció su intención de emprender las acciones judiciales disponibles contra los responsables de la incursión y contra cualquier intento de sustituir por la fuerza a su dirección.
Esta reacción subraya el carácter especialmente preocupante del incidente: una institución encargada de verificar la regularidad de la gestión pública se encuentra expuesta a presiones que pueden afectar a su funcionamiento. La falta de protección efectiva de sus instalaciones y de su personal plantea interrogantes sobre la capacidad de las autoridades para garantizar la autonomía de los organismos de control.
El caso también revela las consecuencias de la rivalidad entre las instituciones políticas libias. La correspondencia mencionada entre la Cámara de Representantes y el Alto Consejo de Estado, cuyo contenido y alcance jurídico no se precisan en el comunicado, parece haber servido de contexto al intento de nombramiento.
En un panorama institucional marcado por legitimidades enfrentadas y desacuerdos sobre los mecanismos de designación, la intervención de hombres armados amenaza con sustituir el Estado de derecho por las relaciones de fuerza. Corresponde ahora a las autoridades competentes determinar las responsabilidades y aclarar los procedimientos aplicables.
SG/RT/APA