Las autoridades tunecinas intensifican sus esfuerzos para que los jóvenes vuelvan al servicio militar obligatorio, eludido durante mucho tiempo, mediante una iniciativa que combina el refuerzo de los efectivos, la modernización del ejército y el endurecimiento de las medidas contra quienes se niegan a cumplirlo.
Una cincuentena de jóvenes se presentaron el lunes 19 de octubre ante el centro de movilización militar de Susa, en el este de Túnez, para responder a su llamamiento a filas. El servicio nacional, de una duración teórica de doce meses y obligatorio desde 1975 para los tunecinos sujetos a esta obligación, sigue siendo ampliamente desatendido desde la revolución de 2011.
Aunque el último período de reclutamiento concluyó el 2 de octubre, los centros de movilización continúan recibiendo candidatos. Esta afluencia estaría vinculada, en particular, a la perspectiva de sanciones contra los jóvenes que eluden sus obligaciones militares, mientras las autoridades buscan mejorar la aplicación de la legislación vigente.
La evasión del servicio militar, tolerada durante mucho tiempo, ha contribuido a reducir la participación efectiva de los jóvenes llamados a filas. Las prácticas coercitivas utilizadas anteriormente para imponer el reclutamiento obligatorio desaparecieron progresivamente, dejando que se instalara una brecha entre la obligatoriedad del sistema y su aplicación sobre el terreno.
Este restablecimiento del control se produce en un contexto de voluntad de reforzar las capacidades del ejército tunecino. Pese a contar con una imagen relativamente favorable entre la población, la institución militar debe afrontar las limitaciones relacionadas con el reclutamiento, la renovación de sus efectivos y la evolución de las necesidades de seguridad del país.
Las autoridades buscan así reafirmar el alcance del servicio nacional e inscribir esta iniciativa en un proceso más amplio de modernización del aparato militar. Sin embargo, un mayor recurso a las sanciones podría encontrar resistencia entre unos jóvenes que afrontan dificultades económicas y perspectivas profesionales inciertas.
El desafío para Túnez consiste ahora en transformar esta movilización en una participación duradera, sin que el reclutamiento dependa principalmente de la coacción. La eficacia de esta política dependerá tanto de la aplicación de las obligaciones legales como de la capacidad de las autoridades para hacer más atractivo el servicio nacional y adaptarlo mejor a las expectativas de los jóvenes.
SG/RT/APA