Una golpea de forma repentina; la otra exige una lucha prolongada. Sin embargo, las epidemias de ébola y VIH plantean a África una misma exigencia: disponer de medios para proteger a su población sin depender de las prioridades cambiantes de la ayuda internacional. Cuando se reduce el financiamiento externo, las consecuencias se traducen en una prevención debilitada, diagnósticos tardíos y riesgos de interrupción de la atención.
En la República Democrática del Congo (RDC), la epidemia de ébola causada por el virus Bundibugyo ilustra la urgencia. Según el boletín de la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicado el 6 de noviembre, el país registraba, al 3 de noviembre, cerca de 10.700 casos confirmados y 5.198 fallecidos, con una letalidad del 48,7 %. Las dificultades de detección temprana y acceso a la atención agravan esta crisis en territorios también afectados por la inseguridad.
El VIH muestra otra dimensión de esta vulnerabilidad. La respuesta exige una continuidad absoluta: prevenir nuevas infecciones, garantizar las pruebas diagnósticas, mantener el acceso a los antirretrovirales y acompañar a las personas que viven con el virus. Estas necesidades persisten mucho después de los anuncios políticos y de los ciclos de financiamiento. Los avances acumulados durante años siguen siendo frágiles si los servicios que los hacen posibles pierden sus recursos.
Los recortes de la ayuda internacional ponen esa continuidad bajo presión. En una comunicación oficial de septiembre de 2025, ONUSIDA anunció una reducción del 55 % del personal de su secretaría, de 661 a 294 puestos, así como una concentración de su presencia nacional, de 85 a 54 países. Esta reestructuración plantea una pregunta central: ¿qué capacidades de coordinación, asesoramiento y apoyo a los países se preservan realmente?
ONUSIDA desempeña un papel de coordinación y apoyo a la respuesta. Por ello, la reducción de sus medios debe evaluarse considerando las funciones que permanecen y los actores capaces de asumirlas. Una reforma no puede juzgarse únicamente por el ahorro generado. Debe rendir cuentas de sus efectos sobre la prevención, el seguimiento de las epidemias, la movilización de los socios y la defensa del acceso a los servicios.
Esta exigencia de responsabilidad alcanza a todos los actores, incluidos los gobiernos africanos. La retirada de los donantes revela el peligro de una dependencia prolongada, pero también obliga a examinar el lugar que ocupa realmente la salud en las prioridades nacionales. La lucha contra el VIH necesita recursos públicos previsibles, destinados tanto a los tratamientos como al diagnóstico y la prevención.
El compromiso presupuestario ya existe. En 2001, en Abuya, los Estados africanos prometieron destinar al menos el 15 % de su gasto público a la salud. Según la OMS, esa proporción alcanzó un promedio del 7,1 % en 2022 en la Región de África. La distancia entre la promesa y el esfuerzo sigue siendo considerable.
En el caso del VIH, ese esfuerzo debe garantizar los suministros, el funcionamiento de los laboratorios y el trabajo de los equipos de atención comunitaria. Las asociaciones y los actores comunitarios también deben tener cabida en el financiamiento nacional. Su conocimiento de la población y su capacidad para mantener el contacto con quienes están alejados de los centros sanitarios son recursos valiosos para la prevención y el acompañamiento.
La captación de ingresos adicionales puede respaldar este objetivo. Africa CDC propone, entre otras opciones, estudiar gravámenes de solidaridad y mecanismos adaptados a cada contexto nacional. Su credibilidad exige que los recursos aumenten efectivamente los fondos destinados a la salud, sean trazables y estén sujetos a control público.
La soberanía sanitaria también requiere capacidades científicas e industriales. Tanto para el VIH como para las emergencias epidémicas, los países africanos tienen interés en fortalecer sus laboratorios, apoyar la investigación, formar personal y asegurar el abastecimiento de productos médicos. La cooperación regional, la producción local y las compras conjuntas ofrecen herramientas para reducir las vulnerabilidades y aprovechar mejor los recursos disponibles.
Estas inversiones pueden responder a varias necesidades a la vez: un laboratorio fortalecido, una cadena logística fiable o equipos de vigilancia bien capacitados contribuyen a combatir el VIH y mejoran la preparación ante nuevos brotes. El desafío consiste en construir sistemas duraderos, capaces de mantener la atención habitual cuando surge una emergencia.
Por último, aumentar el financiamiento nacional no debe implicar trasladar la carga a los pacientes. La soberanía sanitaria debe traducirse en un acceso efectivo a los servicios, continuidad de los tratamientos y protección de los hogares. En el caso del VIH, también debe acompañarse de una lucha decidida contra la estigmatización y las barreras que alejan a determinados grupos de las pruebas diagnósticas y la atención.
De cara a 2030, el financiamiento africano de la salud constituye una base indispensable para responder a las epidemias y consolidar la lucha contra el sida. La solidaridad internacional conserva toda su utilidad. Pero la continuidad de un tratamiento contra el VIH, al igual que la capacidad de detectar rápidamente un caso de ébola, debe apoyarse en un compromiso nacional duradero. La protección de la población exige esa previsibilidad.
SG/RT/APA