La Cámara de Representantes de Marruecos aprobó por mayoría, en primera lectura, el proyecto de ley de finanzas (PLF) para el ejercicio presupuestario de 2027, durante una sesión plenaria celebrada el sábado 14 de noviembre.
El proyecto obtuvo 179 votos a favor y 126 en contra, sin abstenciones, tras una larga sesión de cierre marcada por intensos intercambios entre la mayoría y la oposición.
El primer presupuesto del Gobierno encabezado por Fatima Ezzahra El Mansouri da prioridad al poder adquisitivo, la protección social, la salud y la inversión pública. La oposición, integrada, entre otros, por la Agrupación Nacional de Independientes (RNI), el Partido de la Justicia y el Desarrollo (PJD), el Movimiento Popular (MP) y la Alianza de Izquierda, votó en contra del texto. La mayoría lo presentó como un proyecto político que se aparta de varias de las orientaciones del anterior Gobierno de Aziz Akhannouch.
Durante la sesión plenaria, el Ejecutivo respondió a las intervenciones de los diputados sobre la segunda parte del PLF 2027, relativa a los presupuestos sectoriales.
Según el informe de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico, las enmiendas presentadas abordaron, entre otras cuestiones, la revisión del impuesto sobre la renta (IR) y de los aranceles aplicados a diversas materias y productos importados. También incluyeron medidas de apoyo al poder adquisitivo, de organización de los mercados mayoristas y de comercialización de productos agrícolas.
El PLF 2027 se articula en torno a cinco prioridades. La primera busca recuperar el poder adquisitivo y consolidar las bases de un Estado social sostenible. Prevé medidas de apoyo a los ingresos de los hogares, 44.200 millones de dírhams para completar el despliegue de la iniciativa real de protección social en 2027, mejoras en los sistemas públicos de salud, educación, enseñanza superior y formación, y un mayor acceso a una vivienda digna.
La segunda prioridad se centra en la incorporación de los jóvenes a la educación, la formación y el empleo digno. Para ello, el proyecto prevé combatir el abandono escolar y ofrecer un itinerario común de acompañamiento, con una mejor coordinación, que permita a cada joven retomar los estudios, capacitarse, acceder a un empleo o emprender según sus necesidades.
La tercera prioridad consiste en acelerar la regionalización avanzada y la nueva generación de programas de desarrollo territorial integrado, para los que se prevé movilizar 210.000 millones de dírhams en ocho años. Estos programas buscan promover el empleo, reforzar los servicios básicos y mejorar las condiciones de los territorios. El proyecto también prevé formalizar los acuerdos entre el Estado y las regiones y acelerar la aplicación de la Carta Nacional de Desconcentración Administrativa.
La cuarta prioridad apunta a reforzar la soberanía estratégica en materia de agua, energía, alimentos y tecnología digital. En el ámbito hídrico, se prevé elevar la capacidad de almacenamiento de las represas a más de 24.000 millones de metros cúbicos para finales de 2027, acelerar la construcción de plantas desalinizadoras para superar los 1.800 millones de metros cúbicos de capacidad de cara a 2031 y ampliar la reutilización de aguas residuales tratadas.
En materia energética, el objetivo es que las renovables representen el 52 % de la potencia eléctrica instalada para 2030, aplicar la hoja de ruta del gas natural y desarrollar el hidrógeno verde. En el ámbito alimentario, el proyecto contempla medidas para garantizar el abastecimiento de productos básicos, reforzar la capacidad nacional de producir semillas y fertilizantes y apoyar la recuperación del ganado del país.
La quinta prioridad busca construir una economía capaz de financiar los objetivos sociales y de soberanía, al tiempo que se aceleran las reformas institucionales y se preservan los equilibrios macroeconómicos y presupuestarios. Incluye más inversiones en infraestructura vial, ferroviaria y portuaria, así como medidas para fortalecer la industria nacional y la soberanía económica mediante la sustitución de importaciones y una mayor integración de las cadenas productivas locales.
El proyecto pasará ahora a la Cámara de Consejeros para su examen y votación, antes de regresar a la Cámara de Representantes para una segunda lectura.
SG/RT/APA

