El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas malienses dio de plazo hasta el 6 de septiembre a los militares en «situación irregular» que operan en el seno de grupos armados para que regresen a sus unidades, advirtiendo que cualquier ausencia después de esa fecha será considerada deserción.
En un comunicado publicado el viernes 28 de agosto, el jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas malienses instó a los militares en «situación irregular» que operan dentro de grupos armados a reincorporarse a sus unidades antes de la apertura de eventuales procedimientos disciplinarios o judiciales.
La instrucción se dirige a los militares que prestan servicio en grupos armados «que afirman tener proximidad con el Estado», precisa el comunicado, sin identificar a las organizaciones concernidas ni especificar su número.
Los interesados disponen de plazo hasta el domingo 6 de septiembre para reincorporarse a sus unidades. El Estado Mayor afirma haber adoptado las «disposiciones necesarias» para facilitar su regreso y su reintegración.
«Toda ausencia constatada después de esta fecha será considerada una deserción», advierte el comunicado, sin detallar las sanciones ni las modalidades de los eventuales procedimientos judiciales.
La orden también afecta a los «grupúsculos disidentes» constituidos dentro de estas formaciones. Sus miembros están llamados a regresar a sus grupos de origen. En cuanto a las organizaciones calificadas de «ilegales» y sus elementos disidentes, serán tratados de conformidad con la normativa vigente.
Una clarificación de la cadena de mando
El uso de la expresión «que afirman tener proximidad con el Estado» no constituye un reconocimiento oficial por parte de Bamako del estatus o de la afiliación de estos grupos a las fuerzas regulares.
El comunicado revela, sin embargo, la existencia de militares malienses que operan en formaciones armadas situadas fuera de su cadena habitual de mando. El Estado Mayor pretende así recordar la obligación de los militares en servicio activo de prestar servicio en sus unidades oficiales.
Esta situación se produce en un contexto marcado por la recomposición de los grupos armados en Mali desde el inicio de la crisis de seguridad en 2012. El país cuenta, en particular, con antiguos movimientos signatarios del proceso de paz, organizaciones comunitarias de autodefensa y diversas facciones surgidas de divisiones internas.
Continúa el proceso de desarme
Paralelamente, las autoridades malienses prosiguen un programa de desarme, desmovilización, reinserción e integración (DDRI), presentado como un proceso nacional tras la denuncia, en enero de 2024, del Acuerdo para la Paz y la Reconciliación derivado del proceso de Argel.
Según las cifras comunicadas por el Gobierno en agosto, 1.760 excombatientes fueron desarmados y desmovilizados en las regiones de Ségou, Mopti, Tombuctú, Gao, Kidal, Taoudéni y Ménaka.
Tras comprobarse su elegibilidad y después de una formación militar organizada entre febrero y agosto de 2026, 1.617 de ellos se incorporaron a las Fuerzas Armadas malienses con el grado de soldado de segunda clase, lo que representa más del 80 % del objetivo de 2.000 incorporaciones fijado por las autoridades.
El programa contempla asimismo la reinserción socioeconómica de 1.000 antiguos combatientes, especialmente aquellos declarados no aptos para el servicio militar.
Las autoridades, sin embargo, no han establecido públicamente ningún vínculo entre este dispositivo y el ultimátum anunciado el viernes. La medida se dirige específicamente a militares que ya pertenecen a las fuerzas nacionales, pero que se encuentran en «situación irregular» debido a su presencia en grupos armados.
El anuncio se produce cuatro meses después de los ataques coordinados del 25 de abril contra Bamako, Kati y varias localidades del centro y norte del país. Reivindicadas por el Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (JNIM) y el Frente de Liberación del Azawad (FLA), estas operaciones pusieron a dura prueba el dispositivo de seguridad maliense.
El Estado Mayor no precisó si publicará, después del 6 de septiembre, el número de militares que hayan regresado a sus unidades. Un balance de este tipo permitiría medir la magnitud del fenómeno y el efecto de la orden de reintegración.
SG/RT/APA