El gobierno de Zimbabue ha impulsado un proyecto de reforma constitucional que propone ampliar el mandato presidencial de cinco a siete años, generando fuertes tensiones políticas en el país.
Promovida por el partido gobernante ZANU-PF, la reforma ya fue aprobada en Consejo de Ministros y será sometida al Parlamento, donde el oficialismo cuenta con mayoría. Además de extender la duración del mandato, el texto plantea sustituir la elección por sufragio universal directo por un sistema de elección parlamentaria.
El Ejecutivo defiende la iniciativa como un mecanismo para reforzar la estabilidad institucional y mejorar el funcionamiento del sistema político. Sin embargo, la oposición y organizaciones civiles la consideran una maniobra para consolidar el poder.
Los críticos advierten de un retroceso democrático significativo y sostienen que una reforma de este tipo debería someterse a referéndum. También alertan sobre el riesgo de concentración excesiva del poder en el Ejecutivo.
De ser aprobada, la reforma podría impactar directamente en el futuro político del presidente Emmerson Mnangagwa, al abrir la posibilidad de prolongar su permanencia en el poder más allá de los límites actuales establecidos por la Constitución.
Adoptada en 2013 tras una crisis política prolongada, la Constitución zimbabuense vuelve así al centro del debate, mientras el proceso legislativo continúa y su desenlace permanece incierto.