El Frente Sindical para la Defensa del Trabajo (FSDT) convocó una huelga general de 24 horas para el próximo 10 de julio de 2026, en protesta por los proyectos de reforma del Código del Trabajo y del Código de la Seguridad Social, que considera elaborados sin una consulta efectiva con los interlocutores sociales.
Reunida este fin de semana en Dakar, la plataforma sindical sostuvo que el Gobierno se está apartando de los principios del diálogo social establecidos en el Pacto Nacional de Estabilidad Social y Crecimiento Inclusivo. Según el FSDT, los textos en preparación contienen disposiciones que podrían poner en entredicho derechos adquiridos por los trabajadores y debilitar sus condiciones laborales y su protección social.
El Frente afirmó haber realizado múltiples gestiones ante las autoridades para promover un marco de concertación inclusivo, sin obtener resultados satisfactorios. Asimismo, acusó al Ejecutivo de impulsar las reformas de manera unilateral, pese a que afectan directamente las relaciones laborales, los derechos de los asalariados y el funcionamiento del sistema de seguridad social.
Además de rechazar las reformas, el FSDT presentó varias reivindicaciones, entre ellas la reincorporación de 911 trabajadores despedidos en los sectores público y parapúblico, la extensión del subsidio de vivienda a los empleados contractuales del sector sanitario y al personal de las universidades y empresas parapúblicas que actualmente no se benefician de esta prestación. Los sindicatos también exigen la apertura de negociaciones tripartitas entre el Estado, las organizaciones sindicales y la patronal para alcanzar un consenso sobre las reformas.
La huelga, prevista desde las 00:00 hasta las 24:00 horas del 10 de julio, abarcará todo el territorio nacional. El FSDT llamó a los trabajadores de los sectores público, parapúblico y privado a sumarse masivamente a la protesta, que presenta como una respuesta a la «ausencia de un diálogo social sincero» y al incumplimiento de los compromisos asumidos por las autoridades.
Este anuncio se produce en un contexto en el que el Gobierno busca modernizar el marco jurídico del trabajo y de la protección social para adaptarlo a las transformaciones económicas, la expansión del empleo formal y los nuevos desafíos del mercado laboral. No obstante, las organizaciones sindicales sostienen que dichas reformas solo pueden llevarse a cabo mediante un consenso con los interlocutores sociales, advirtiendo que, de no suspenderse el proceso de revisión y abrirse negociaciones consideradas creíbles, la huelga del 10 de julio podría ser el inicio de un movimiento de protesta de mayor alcance.