La Ley de Presupuestos de 2026 debería ser la primera prueba a gran escala de este mecanismo, que podría convertirse en la piedra angular de una política social marroquí reformada, centrada en la eficacia y la transparencia.
El gobierno prepara un giro estratégico en la política social del Estado, con la puesta en marcha, a partir de 2026, de un sistema de ayudas directas cuidadosamente focalizadas, apoyado en el Registro Social Unificado (RSU). El objetivo: garantizar que cada dírham gastado llegue directamente a los hogares más vulnerables, manteniendo al mismo tiempo un déficit presupuestario contenido en el 3 % del PIB y aspirando a un crecimiento del 4,5 %.
El dispositivo, descrito como “quirúrgico”, irá acompañado de indicadores de seguimiento que permitan evaluar la eficacia de las transferencias en la reducción de la pobreza y la mejora de las condiciones de vida. La focalización se basará en datos actualizados de forma continua, integrando criterios de ingresos, ubicación y composición familiar.
Esta reforma se inscribe en un calendario más amplio de reformas estructurales: reforma de las pensiones, continuación del diálogo social, reestructuración de los establecimientos y empresas públicas (EEP), modernización de la Ley Orgánica de Finanzas (LOF) y refuerzo de la regionalización.
El jefe del gobierno, Aziz Akhannouch, insistió en la necesidad de “alinear el gasto público con los objetivos de desarrollo humano”, recordando que el modelo anterior de ayudas generalizadas había mostrado sus límites en términos de eficacia y equidad.
Los economistas aplauden el principio de la focalización, pero señalan tres desafíos: garantizar la exhaustividad de los datos del RSU, evitar los errores de exclusión y mantener la confianza de los ciudadanos en un sistema aún en construcción. Experiencias internacionales, como las de Brasil o Chile, muestran que el éxito depende de la calidad de las infraestructuras digitales y de la capacidad administrativa para gestionar grandes volúmenes de datos sensibles.
El Ministerio de Finanzas prepara, paralelamente, una campaña nacional de información para explicar el funcionamiento del mecanismo y evitar cualquier confusión con otros programas sociales. Varias ONGs abogan por un mecanismo de recurso accesible, que permita a los hogares excluidos por error impugnar su situación