Una serie de agresiones violentas en Argelia, filmadas y difundidas ampliamente en redes sociales, conmociona desde hace varios días a la opinión pública. Estos ataques, a menudo cometidos a plena luz del día y con una brutalidad inaudita, ponen de relieve las graves fallas de una política de seguridad que no logra frenar el auge de la pequeña criminalidad y de las violencias urbanas.
En Ain Fakroun, en la wilaya de Oum El Bouaghi, un sexagenario fue brutalmente atacado el pasado lunes por dos jóvenes armados con cuchillos, quienes intentaron robarle el bolso. Gravemente herido en el brazo y el abdomen, el hombre tuvo que ser sometido a una intervención quirúrgica. Aunque los agresores fueron arrestados y condenados a duras penas –hasta 15 años de prisión–, las imágenes circularon masivamente en redes sociales, generando una ola de indignación nacional.
Este episodio no es aislado en Argelia. En Tipaza, varias familias fueron atacadas en una playa por un grupo de jóvenes, algunos de los cuales siguen prófugos. En Orán, otra agresión con arma blanca en plena calle fue grabada en video, confirmando que el fenómeno gana visibilidad y alimenta un creciente sentimiento de inseguridad.
El gobierno intenta tranquilizar a la población recordando que «en general las ciudades argelinas siguen siendo seguras». Sin embargo, esta comunicación oficial resulta poco convincente. Las agresiones, espectaculares por su violencia y su difusión, revelan sobre todo la impotencia de un Estado que multiplica leyes represivas sin atacar las causas de fondo.
Según el abogado Mahdi Halfaoui, cerca del «80 % de las violencias están vinculadas al consumo de psicotrópicos», cuyo uso se ha disparado en Argelia. Este flagelo, minimizado durante mucho tiempo por las autoridades, alimenta robos, peleas y agresiones diarias. A pesar de la orden presidencial de 2020 destinada a «erradicar las pandillas de barrio» con penas de hasta 20 años de cárcel, la criminalidad sigue proliferando. La estrategia puramente punitiva muestra sus límites frente a un fenómeno arraigado en la crisis social, el desempleo juvenil masivo y la falta de perspectivas.
Ante la lentitud de la reacción policial, los ciudadanos recurren a sus teléfonos para filmar las agresiones, alertar y aportar pruebas a la justicia. Una práctica cada vez más común que refleja, en el fondo, la desconfianza hacia un aparato de seguridad incapaz de proteger de manera efectiva.
Estas agresiones espectaculares no son incidentes aislados, sino el síntoma de un sistema debilitado. Revelan las contradicciones de un poder que despliega una retórica de firmeza, pero permanece incapaz de garantizar una seguridad mínima cotidiana a sus ciudadanos.