Una acalorada polémica sacude Camerún desde el 4 de abril, tras la aprobación por el Parlamento, reunido en Congreso, de una enmienda constitucional que establece el cargo de vicepresidente, en un contexto marcado por la incertidumbre en torno a la sucesión del jefe de Estado.
El texto estipula que el vicepresidente será nombrado y destituido por el presidente de la República. En caso de vacante en la presidencia —por fallecimiento, renuncia o incapacidad—, el vicepresidente garantizará automáticamente la continuidad del poder ejecutivo hasta el final del mandato en curso. Hasta ahora, esta prerrogativa correspondía al presidente del Senado.
El gobierno defiende la reforma argumentando que busca garantizar la estabilidad institucional y prevenir cualquier crisis durante el período de transición. Según sus defensores, este mecanismo aseguraría una continuidad más directa y efectiva en la máxima instancia de gobierno.
La oposición, sin embargo, denuncia el mecanismo por allanar el camino a la designación indirecta del sucesor del presidente, sin recurrir al sufragio universal. Diversas figuras políticas y organizaciones de la sociedad civil critican lo que consideran un fortalecimiento excesivo de los poderes presidenciales, y algunos se refieren a una «deriva autoritaria» o a una «sucesión bloqueada».
En el poder desde 1982, el presidente, de 93 años, no ha designado oficialmente a un sucesor. En este contexto, la creación de este cargo estratégico ha reavivado las especulaciones sobre el futuro político del país y las modalidades de una posible transición.
Aún no se han anunciado nombramientos para el nuevo puesto de vicepresidente.