Egipto dio, el 14 de agosto de 2025, un nuevo paso en la aplicación de su reforma del clima de inversión con la publicación del decreto n.º 2025-117, relativo a la aplicación de determinadas disposiciones de la Ley n.º 2025-006 sobre el Código de Inversiones. El texto busca precisar los incentivos, las garantías y los procedimientos para los inversores nacionales y extranjeros.
El decreto n.º 2025-117, relativo a la aplicación del Código de Inversiones, detalla las modalidades de concesión de los beneficios fiscales y no fiscales previstos por la ley, entre ellos las exenciones parciales o totales del impuesto de sociedades, las reducciones de los derechos de aduana sobre los equipos importados y las garantías para la transferencia de beneficios y capitales. También define los sectores prioritarios —industria, energías renovables, tecnologías de la información, logística, salud y educación— que se benefician de regímenes preferenciales.
En el plano administrativo, el texto refuerza el papel de la Autoridad General de Inversiones (GAFI) como ventanilla única, simplificando los trámites de registro, la obtención de autorizaciones sectoriales y la expedición de licencias. El objetivo declarado es reducir los plazos, limitar el número de interlocutores para los inversores y digitalizar los procedimientos, en línea con las reformas emprendidas con el Fondo Monetario Internacional y los socios financieros de Egipto.
Para el Gobierno, este decreto constituye una señal importante dirigida a los mercados, en un contexto de presión sobre la libra egipcia, elevada inflación y creciente necesidad de divisas. Al mejorar la claridad y la estabilidad del marco jurídico, las autoridades esperan atraer más inversión extranjera directa (IED), apoyar la creación de empleo y diversificar las fuentes de crecimiento más allá de los ingresos procedentes del canal de Suez, el turismo y los hidrocarburos.
Los círculos económicos acogen favorablemente este avance, aunque permanecen atentos a su aplicación concreta: la rapidez efectiva de las ventanillas, la coordinación entre las distintas administraciones, la estabilidad de las normas y la lucha contra la corrupción administrativa serán determinantes para transformar estas disposiciones en flujos reales de inversión. Los próximos meses permitirán evaluar el impacto de este nuevo marco sobre los proyectos anunciados y la confianza de los inversores.
SG/RT/APA