Por Chérif Tidiane
En Antalya, los negociadores africanos pidieron que la COP31 dedicara un punto de su agenda a triplicar el financiamiento para la adaptación climática. Por falta de consenso, la solicitud no se incorporó en la apertura del 9 de noviembre. Al día siguiente se retomó el debate. Detrás de la disputa de procedimiento queda una pregunta: ¿cómo financiar un dique, una red de riego o un sistema de alerta sin aumentar aún más la deuda de los Estados?
El 10 de noviembre, durante las consultas sobre el objetivo mundial de adaptación, el G77 y China pidieron que se precisaran el monto de referencia para calcular la triplicación y la forma de dar seguimiento a los fondos. La Unión Europea, el Reino Unido y Noruega reafirmaron su respaldo al objetivo, aunque prefirieron que estas cuestiones se abordaran en el programa de trabajo sobre financiamiento climático, según el informe del Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible. El debate también pasa, por tanto, por decidir dónde se fijarán las reglas de cálculo y seguimiento.
El 11 de noviembre se inauguró en Antalya la cumbre de líderes. Al margen de la conferencia, activistas de Climate Action Network Africa también reclamaron fondos a la altura de las necesidades del continente. La meta se remonta a la COP30 de Belém, que llamó a multiplicar por al menos tres el financiamiento para la adaptación de aquí a 2035. En Antalya, lo que está en juego es determinar a partir de qué monto, con qué recursos y en qué plazos podría alcanzarse ese objetivo.
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) da una idea de la magnitud de la brecha. En 2024, el financiamiento público internacional para la adaptación que los países desarrollados destinaron a los países en desarrollo osciló entre 28.200 y 31.700 millones de dólares. Las necesidades del conjunto de los países en desarrollo se estiman en 305.000 millones de dólares anuales para 2035. Según el PNUMA, aun si se alcanzara la meta de triplicar esos flujos, solo se cubriría entre el 20 % y el 29 % de las necesidades.
La adaptación a veces parece abstracta. Consiste, sin embargo, en salvar una cosecha, asegurar el suministro de agua, proteger una carretera o evitar que una crecida se lleve una escuela. De esas inversiones depende la continuidad de la actividad económica. Su ausencia se paga con pérdidas de ingresos, desplazamientos y reconstrucciones sucesivas.
Ahí es donde la paradoja se vuelve difícil de defender. Países cuya contribución histórica al calentamiento ha sido escasa deben movilizar enormes recursos para limitar sus consecuencias. Cuando el financiamiento llega en forma de préstamo, la protección que se consigue hoy trae consigo la obligación de pagar mañana.
El continente corre así el riesgo de pagar varias veces: cuando sufre los daños, cuando se endeuda para reconstruir y cuando devuelve lo prestado. Una carretera destruida deja de facilitar el comercio para el que fue construida. Reconstruirla, sin embargo, exige nuevos fondos. La catástrofe debilita los ingresos públicos justo cuando aumentan las necesidades.
Por supuesto, no todos los préstamos son iguales. Un financiamiento a largo plazo y a bajo costo puede hacer posible una obra indispensable. Una inversión bien diseñada puede evitar pérdidas superiores a su costo. Pero anunciar una suma no basta: hay que examinar qué proporción corresponde a donaciones, cuáles son los intereses y los plazos, qué garantías se exigen y cuáles son las condiciones de acceso.
Un monto prometido, uno aprobado y uno efectivamente desembolsado cuentan tres historias distintas. Para un municipio expuesto a inundaciones, lo que cuenta es cuándo empiezan las obras. La complejidad de los trámites se convierte en un problema político cuando retrasa una protección urgente.
África debe plantear, por tanto, una exigencia clara: más financiamiento accesible, una mayor proporción de donaciones y condiciones compatibles con su capacidad presupuestaria. Las infraestructuras que protegen vidas sin generar ingresos comerciales inmediatos merecen especial atención. Un dique no tiene una caja con la que pagar a sus acreedores.
Este reclamo también impone responsabilidades a los gobiernos africanos. Los fondos deben responder a prioridades públicas verificables, llegar a las zonas que los necesitan y producir resultados medibles. Un gasto no se vuelve útil por el mero hecho de llevar la etiqueta de climático. La calidad de los proyectos, la transparencia de las contrataciones y el mantenimiento de las obras y los equipos determinan su eficacia.
También es necesario fortalecer la capacidad africana para preparar proyectos, negociar sus condiciones y evaluar sus efectos. Los gobiernos locales, los investigadores, los agricultores y las empresas de cada zona conocen dificultades que los expedientes estandarizados no siempre reflejan. Su participación debe influir desde el diseño de las inversiones.
Este jueves 12 de noviembre, la Unión Africana tiene previsto dedicar una sesión de alto nivel al agua, los sistemas de alerta y el financiamiento de la resiliencia. El encuentro también servirá para preparar la COP32, prevista para 2027 en Adís Abeba. De aquí a entonces, a los negociadores africanos les conviene obtener compromisos que permitan verificar los montos, la proporción de donaciones y las fechas de desembolso.
El resultado de las negociaciones sigue abierto. Su credibilidad dependerá menos de las cifras anunciadas que de las medidas de protección que efectivamente se financien y de la carga que recaiga sobre los países beneficiarios.
Para África, una política climática justa debe permitir preparar el futuro sin hipotecar aún más los presupuestos que harán posible esa tarea. Sin compromisos concretos, las conferencias climáticas corren el riesgo de quedarse en citas para hacer promesas, mientras las poblaciones africanas siguen sufriendo las consecuencias de la inacción.
SG/RT/APA