El Gobierno sudafricano estudia endurecer las sanciones contra la minería ilegal, con penas de hasta 30 años de prisión y multas que podrían alcanzar los 100 millones de rands (unos 6,1 millones de dólares).
El proyecto de reforma de la legislación minera, aprobado por el Gobierno y remitido al Parlamento, pretende reforzar la lucha contra la explotación clandestina de recursos minerales y las redes criminales asociadas.
La ministra de Justicia, Mmamoloko Kubayi, señaló que estas organizaciones están vinculadas regularmente a delitos graves como secuestros, trata de personas, trabajo forzoso e infantil, tráfico de armas, violaciones y homicidios.
Las modificaciones contemplan penas de hasta 30 años de cárcel y multas máximas de 100 millones de rands para determinados delitos relacionados con la posesión, compra, venta, procesamiento o exportación de diamantes en bruto.
La iniciativa se produce en un contexto de creciente preocupación por los llamados zama zama, mineros clandestinos que explotan principalmente pozos abandonados en busca de oro y otros minerales. Según las autoridades, parte de esta actividad está controlada por redes criminales organizadas, algunas con ramificaciones transfronterizas, especialmente en Gauteng, Mpumalanga y Noroeste.
El proyecto suscita, sin embargo, críticas de juristas y organizaciones de la sociedad civil, que advierten de que podría no diferenciar suficientemente entre las redes delictivas organizadas y los mineros artesanales que recurren a esta actividad como medio de subsistencia.
Las autoridades y los defensores de la reforma sostienen, por su parte, que unas sanciones más severas son necesarias para reforzar el efecto disuasorio de la legislación y combatir a las organizaciones criminales que operan en el sector minero.
SG/RT/APA