El Ministerio etíope de Asuntos Exteriores anunció el jueves 1 de octubre el cierre de la Embajada de Etiopía en Asmara y la expulsión de diez diplomáticos eritreos, en un contexto de crecientes tensiones entre los dos países vecinos del Cuerno de África.
En un comunicado, la diplomacia etíope justificó las medidas por lo que calificó de «actos directos e indirectos de hostilidad y beligerancia» atribuidos a Eritrea contra Etiopía.
Los diez diplomáticos fueron declarados personae non gratae y recibieron un plazo de 48 horas para abandonar Etiopía. Según el Ministerio, habrían llevado a cabo actividades que constituían una «amenaza directa para la seguridad nacional», en violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.
Adís Abeba pidió además a las autoridades eritreas que pusieran fin a las acciones que considera contrarias a los principios que rigen las relaciones entre Estados soberanos. No obstante, afirmó mantener su compromiso con los vínculos históricos, culturales y entre ambos pueblos, así como con la coexistencia pacífica y la estabilidad regional.
Horas después del anuncio etíope, Eritrea comunicó la ruptura de sus relaciones diplomáticas con Etiopía, según varias fuentes de prensa, en medio de las nuevas tensiones relacionadas con la situación de seguridad en el norte etíope.
La UA llama a la desescalada
La Comisión de la Unión Africana (UA) expresó su «preocupación» por las tensiones entre Etiopía, Eritrea y Egipto y pidió a los tres países actuar con «la mayor moderación», evitando acciones o declaraciones que puedan agravar la situación.
La UA instó a mantener abiertos los canales de comunicación y recurrir al diálogo y a las vías diplomáticas para resolver las diferencias. También manifestó su disposición a apoyar los esfuerzos de desescalada y una solución pacífica de las controversias.
La crisis diplomática se produce después de que la Unión Africana ya pidiera, el 23 de septiembre, moderación ante la escalada militar en el norte de Etiopía y la reanudación del diálogo en el marco del Acuerdo de Pretoria de 2022.
SG/RT/APA