Guinea presentó el viernes una estrategia nacional acompañada de un plan de acción para garantizar el seguimiento de las recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos, con el objetivo de traducir sus compromisos en resultados concretos.
Impulsada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Dirección Nacional de Derechos Humanos, con el apoyo técnico de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), esta iniciativa busca reforzar la coordinación institucional y movilizar los recursos necesarios para aplicar las recomendaciones del Examen Periódico Universal (EPU) de 2025 y de los órganos de tratados de las Naciones Unidas.
La ceremonia de presentación reunió a varios miembros del Gobierno, representantes de las Naciones Unidas, de la Unión Europea, de socios internacionales y de organizaciones de la sociedad civil.
En esta ocasión, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ibrahima Sory II Tounkara, subrayó la necesidad de superar la fase de los compromisos para lograr avances concretos y duraderos en beneficio de la población.
Durante su cuarto Examen Periódico Universal, el 29 de abril de 2025, Guinea aceptó 246 de las 257 recomendaciones que se le formularon. La estrategia presentada deberá permitir organizar su aplicación mediante prioridades claramente definidas, una distribución de responsabilidades y mecanismos de seguimiento basados en la transparencia y la rendición de cuentas.
El representante del ACNUDH en el país, Omer Kebiwo Kalameu, elogió la iniciativa y consideró que los compromisos internacionales deben traducirse en avances medibles en la protección de los derechos fundamentales.
También destacó la colaboración entre las autoridades guineanas y el ACNUDH, especialmente para mejorar la coordinación de las intervenciones y adaptar las respuestas a las realidades nacionales.
El plan de acción nacional concreta las orientaciones estratégicas en actividades prioritarias, con resultados esperados, indicadores medibles y plazos precisos. Deberá contribuir, en particular, a mejorar el acceso a la justicia, promover la igualdad y la no discriminación y reforzar la protección de las personas privadas de libertad.
El ministro Ibrahima Sory II Tounkara pidió, además, a los socios técnicos y financieros, las misiones diplomáticas, las agencias de las Naciones Unidas, la Unión Europea y el sector privado que acompañen la aplicación de las prioridades establecidas. Insistió en las necesidades de financiación, fortalecimiento de capacidades y coordinación de los actores.
En representación del primer ministro, Amadou Oury Bah, el ministro director de gabinete de la Oficina del Primer Ministro, el doctor Daouda Kamissoko, reafirmó la responsabilidad primordial del Estado en la ejecución del plan de acción.
Anunció cinco compromisos gubernamentales relativos a la dirección de la estrategia por la Oficina del Primer Ministro, la realización de las reformas legislativas y reglamentarias necesarias, la incorporación de las acciones prioritarias a las leyes de presupuestos, su armonización con los programas nacionales de desarrollo y la elaboración periódica de informes sobre los avances logrados.
La Oficina del Primer Ministro contará con un cuadro de mando para la gestión estratégica. Se remitirán informes periódicos al jefe del Gobierno y se presentarán en el Consejo de Ministros para reforzar el seguimiento de las recomendaciones y la rendición de cuentas de los departamentos ministeriales.
Las autoridades también prevén una matriz de seguimiento de los apoyos y las alianzas para coordinar las intervenciones, registrar las contribuciones y supervisar los compromisos de los socios. Las organizaciones de la sociedad civil están llamadas a participar en el diálogo y en el seguimiento independiente de las reformas.
Mediante esta estrategia, Guinea pretende reforzar el cumplimiento de sus compromisos internacionales y mejorar la protección efectiva de los derechos humanos. El desafío será convertir las 246 recomendaciones aceptadas en avances tangibles y duraderos para los ciudadanos.
SG/RT/APA