El Ministerio de Economía, Finanzas y Planificación denunció «maniobras de obstrucción» en el procedimiento de examen del proyecto de ley de presupuestos de 2027, después de que el presidente de la Comisión de Finanzas y Control Presupuestario de la Asamblea Nacional solicitara su retirada tras el rechazo de la ley de presupuestos rectificativa de 2026.
En un comunicado publicado el miércoles 4 de noviembre, el ministerio señaló que el presidente de la comisión pidió, mediante una carta fechada el 3 de noviembre, retirar el proyecto presupuestario remitido al Parlamento por decreto presidencial. El responsable parlamentario considera que el rechazo de la revisión presupuestaria de 2026 cuestiona las hipótesis utilizadas para elaborar el próximo presupuesto y propone una nueva versión basada en el presupuesto inicial de 2026.
El ministerio advierte, sin embargo, una contradicción en esa iniciativa, ya que el mismo responsable convocó el 4 de noviembre a la comisión para el jueves 5 a las 9:00, con el fin de comenzar el examen del presupuesto de 2027.
En el plano normativo, el ministerio invoca el artículo 46 de la ley orgánica n.º 2025-11, del 18 de agosto de 2025, que establece el reglamento interno de la Asamblea Nacional. Según el departamento, esta disposición exige convocar las comisiones con al menos 48 horas de antelación, salvo las excepciones previstas en los textos.
También recuerda que el rechazo de un proyecto de ley de presupuestos rectificativa no implica automáticamente la retirada del proyecto presupuestario inicial del ejercicio siguiente. Como ejemplo, cita la aprobación del presupuesto inicial de 2026 el 13 de diciembre de 2025, antes de la segunda revisión presupuestaria de 2025, aprobada el 30 de diciembre de ese año.
Para el ministerio, estas iniciativas podrían comprometer varios objetivos económicos y sociales del Gobierno, entre ellos el saneamiento de las finanzas públicas, la recuperación económica, la liquidación de los pagos atrasados y el apoyo a las poblaciones vulnerables.
El comunicado también menciona los compromisos del Estado con los sindicatos de trabajadores en el marco del Pacto de Estabilidad Social para un Crecimiento Inclusivo y Sostenible.
Ante esta situación, el ministerio reclama responsabilidad y respeto de las normas en el tratamiento de las cuestiones presupuestarias, y subraya las consecuencias directas de las decisiones parlamentarias sobre las condiciones de vida de la población.
SG/RT/APA