El Tribunal Constitucional de Sudáfrica anuló los derechos de exploración de petróleo y gas concedidos a Shell y a su socio Impact Africa frente a la Costa Salvaje, en la provincia del Cabo Oriental, al considerar que las comunidades locales no habían sido debidamente consultadas.
La máxima instancia judicial de Sudáfrica consideró que las comunidades ribereñas de los cerca de 250 kilómetros de la Costa Salvaje no fueron debidamente consultadas antes de la concesión de los derechos de exploración petrolera a la compañía Shell y a su socio Impact Africa. También determinó que una consulta realizada posteriormente no podía subsanar esta vulneración de sus derechos constitucionales. En consecuencia, el Tribunal anuló los derechos de exploración previamente concedidos a estas empresas.
Esta decisión restablece así una sentencia dictada en 2022 por el Tribunal Superior de Makhanda, que había anulado los derechos de exploración concedidos inicialmente a Impact Africa en 2014 y posteriormente compartidos con Shell.
Sin embargo, el Tribunal Supremo de Apelación había confirmado esos derechos en 2024. Tras ser recurrida la decisión ante el Tribunal Constitucional, este la revocó, con siete de los nueve jueces pronunciándose a favor de la anulación.
Shell e Impact Africa habían invertido alrededor de 1.100 millones de rands, unos 66 millones de dólares, en el proyecto, que contemplaba, entre otras actuaciones, la realización de estudios sísmicos destinados a determinar el potencial petrolero y gasístico de la zona.
En 2021, Shell anunció el inicio de un estudio sísmico en 3D, lo que provocó importantes movilizaciones de organizaciones ecologistas, comunidades pesqueras y asociaciones de la sociedad civil.
En diciembre de ese mismo año, Sustaining the Wild Coast, All Rise Attorneys for Climate and Environmental Justice, Greenpeace y otras organizaciones obtuvieron una orden judicial que suspendió las operaciones.
Posteriormente, el Tribunal Superior declaró ilegales los derechos de exploración, en particular por la falta de una consulta adecuada con las comunidades afectadas, la insuficiente consideración de la vida marina y de los derechos culturales, así como por argumentos considerados infundados en relación con la creación de empleo.
En su sentencia, el Tribunal Constitucional subrayó que las inversiones ya realizadas no podían prevalecer sobre las vulneraciones de los derechos constitucionales de las comunidades. Según la mayoría de los jueces, la solicitud inicial estaba afectada por un defecto suficientemente grave como para impedir su reconsideración.
El juez Owen Rogers, en una opinión disidente, consideró que una reparación equitativa debería haber tenido en cuenta los intereses de todas las partes.
La decisión se produce mientras el Gobierno sudafricano mantiene una moratoria sobre la concesión de nuevos derechos de exploración costera. Constituye una importante victoria judicial para las comunidades de la Costa Salvaje y las organizaciones ecologistas que se oponen a la expansión de las actividades relacionadas con los combustibles fósiles en esta región.
SG/RT/APA