Organizaciones de la sociedad civil y ONG internacionales en Malí expresaron su preocupación por una reforma gubernamental que podría imponer un gravamen sobre los fondos destinados a proyectos humanitarios y de desarrollo.
Las organizaciones temen que este posible descuento, que podría alcanzar hasta el 10 % de los recursos de los proyectos, reduzca los fondos destinados a las poblaciones beneficiarias.
Las ONGs pidieron abrir un diálogo con las autoridades para evaluar el impacto de estas medidas y encontrar soluciones que refuercen la transparencia sin afectar la eficacia de la ayuda.
Según el Plan de respuesta humanitaria 2026 de la ONU, alrededor de 5,1 millones de personas necesitan asistencia en Malí, en un contexto marcado por la inseguridad, los desplazamientos de población y las dificultades de acceso a servicios básicos.