Las autoridades malienses anunciaron este jueves 4 de junio la concesión de recompensas financieras que pueden alcanzar los 2.000 millones de francos CFA para cualquier persona que proporcione informaciones “fiables, pertinentes y explotables” que permitan localizar o detener a varios dirigentes acusados de implicación en actividades terroristas o acciones armadas contra el Estado.
La decisión se produce pocos días después de que varias personalidades y el Fronte de liberación de Azawad (FLA) fueran incluidos en la lista nacional de sanciones financieras selectivas. Las autoridades les atribuyen presuntos vínculos, apoyo o apología en favor del Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes tras los ataques coordinados del 25 de abril de 2026 contra posiciones militares malienses.
En un comunicado firmado por el ministro de Seguridad y Protección Civil, general Daoud Aly Mohammedine, el gobierno precisó que las nuevas medidas apuntan a los principales responsables de grupos armados considerados una amenaza para la seguridad nacional.
La recompensa más elevada, fijada en 2.000 millones de francos CFA, se ofrece por información que conduzca a Iyad Ag Ghali, jefe del JNIM, coalición yihadista del Sahel afiliada a Al-Qaïda au Maghreb islamique.
Otras dos primas de 1.500 millones de francos CFA cada una están dirigidas contra Amadou Kouffa, jefe de la Katiba Macina, y Abdoulaye Mamoudou Bakaye Diallo, alias Jouleybib de Nampala.
Una recompensa de 1.000 millones de francos CFA se ofrece por información que permita capturar a Alghabass Ag Intalla, figura destacada del FLA y responsable de negociaciones dentro del movimiento.
Asimismo, cuatro personas más son objeto de una prima de 500 millones de francos CFA cada una: Sedane Ag Hita, Abderrahmane Al-Batna Al-Jazairi, Bilal Ag Achérif y otro dirigente buscado por las autoridades.
El FLA, heredero de la antigua Coordinación de Movimientos del Azawad (CMA), agrupa a varios movimientos independentistas del norte de Mali. Las autoridades lo acusan de haber participado en ataques contra las Fuerzas Armadas malienses y de cooperar con el JNIM, en un contexto de recrudecimiento de la violencia en el norte del país.
Con estas recompensas excepcionales, Bamako refuerza su dispositivo de sanciones financieras y judiciales contra los grupos armados y sus presuntos apoyos, en el marco de su estrategia de lucha contra el terrorismo y los movimientos rebeldes.