Ante el auge global de los activos digitales, Argel opta por la represión en lugar de la regulación, con el riesgo de agravar su aislamiento digital y financiero.
Argelia ratificó recientemente la prohibición total de las criptomonedas mediante la revisión de su ley contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. El artículo 6 bis, incorporado a la Ley n.º 25-10, penaliza no solo el uso, la compra y la venta de criptoactivos, sino también su posesión y promoción.
Este endurecimiento de la ley, sin precedentes en la región, eleva las criptomonedas a la categoría de amenaza sistémica, sin buscar mecanismos regulatorios.
En lugar de adoptar un enfoque progresivo de la regulación —como hacen muchos países, buscando gestionar los riesgos y aprovechar las oportunidades tecnológicas—, Argelia ha optado por una prohibición severa y rígida. El discurso de seguridad, centrado en la trazabilidad de los flujos financieros y la lucha contra los usos ilícitos, apenas disimula la incapacidad de las autoridades para diseñar un marco económico abierto a las innovaciones financieras.
La falta de esfuerzo para regular, supervisar o experimentar con tecnologías blockchain y criptoactivos refleja una decisión política deliberada de cierre. Esta decisión, basada en el temor a una herramienta sin control, refuerza una visión estatista y centralizada de las finanzas, contraria a los avances globales.
Al excluir las criptomonedas en lugar de integrarlas en una política de transformación digital, Argelia corre el riesgo de aislarse aún más en un entorno tecnológico global en rápida evolución. Esta postura no solo prohíbe el uso de criptoactivos como medios de pago o inversión, sino que también priva a la economía local de cualquier avance en los campos de la tecnología financiera, la trazabilidad descentralizada o la agilización de las transferencias transfronterizas de fondos.
La prohibición afecta indiscriminadamente a personas, emprendedores, startups e investigadores que podrían haber contribuido al surgimiento de un ecosistema de innovación financiera en Argelia. Al no regular, el Estado sanciona, una lógica que recuerda a las respuestas autoritarias a otros cambios económicos que le cuesta anticipar.
Mientras que otros países africanos, como Nigeria, Marruecos y Sudáfrica, están probando marcos regulatorios para las criptomonedas, o incluso desarrollando sus propias monedas digitales emitidas por bancos centrales (CBDC), Argelia ha optado por la vía de la prohibición. Esta prohibición impide cualquier experimentación regulada o cualquier reflexión sobre los usos soberanos de la cadena de bloques, y cierra la puerta a soluciones financieras alternativas en una economía que aún es mayoritariamente informal.
En un momento en que África busca construir sus propias cadenas de valor digitales, y donde las transferencias de dinero, la microfinanciación y los contratos inteligentes se están generalizando, esta postura rígida confina a Argelia a una preocupante marginación tecnológica.
Revela una visión económica rígida, reacia a adaptarse a los cambios del siglo XXI y aún dominada por una obsesión por la seguridad inadecuada para los desafíos digitales contemporáneos.