El Gobierno marroquí prevé lanzar, de aquí a 2026, una reforma de fondo de los regímenes de jubilación, con especial atención a la Caja Marroquí de Pensiones (CMR), con el objetivo de garantizar su viabilidad financiera y, al mismo tiempo, preservar los derechos adquiridos de los afiliados.
La nota de orientación del proyecto de Ley de Presupuestos para 2026 advierte sobre los crecientes desequilibrios derivados del aumento del número de jubilados, el incremento de la esperanza de vida y la disminución del ratio entre activos y pensionistas. Según las proyecciones oficiales, algunos fondos podrían alcanzar un déficit técnico crítico antes de 2030 si no se adoptan medidas urgentes.
Entre los escenarios en estudio figuran el aumento progresivo de la edad legal de jubilación, la armonización de los tipos de cotización entre los diferentes regímenes, la instauración de un sistema de varios pilares y la convergencia gradual de los sistemas público y privado. El Ejecutivo defiende una reforma “gradual e inclusiva”, en concertación con los socios sociales y expertos del sector.
Los sindicatos, si bien reconocen la necesidad de actuar, exigen garantías sobre el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y sobre la intangibilidad de los derechos ya adquiridos. También alertan de que la reforma no debe traducirse en un esfuerzo desproporcionado para los trabajadores, especialmente en la función pública.
Para los economistas, el éxito de esta reforma dependerá igualmente de la rentabilidad de las inversiones financieras de las cajas y de la diversificación de sus fuentes de ingresos. La experiencia internacional muestra que los ajustes paramétricos, combinados con una gobernanza modernizada, pueden prolongar la sostenibilidad de los sistemas sin provocar un choque social de gran magnitud.
La reforma de las pensiones, junto con el despliegue de la protección social universal, podría redefinir de manera duradera el contrato social en Marruecos