Con motivo del segundo aniversario de su investidura, el presidente de Senegal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, hizo balance de los proyectos emprendidos y reafirmó su voluntad de profundizar la transformación económica, institucional y social del país, durante el Consejo de Ministros celebrado el miércoles en Dakar.
Dos años después de su juramento ante la Nación, el 2 de abril de 2024, el presidente Bassirou Diomaye Diakhar Faye destacó los primeros avances logrados por su gobierno y dio instrucciones para acelerar la implementación de la agenda de transformación nacional.
El jefe de Estado recordó las circunstancias singulares de su elección, ganada en la primera vuelta del 24 de marzo de 2024 frente al candidato de la antigua mayoría, Amadou Bâ. En ese momento detenido, había sido designado candidato por Ousmane Sonko, excluido de la carrera presidencial tras una condena en un caso que lo enfrentaba a un exministro. Liberado pocos días antes de los comicios, fue investido el 2 de abril de 2024. Renovó su agradecimiento al pueblo senegalés por la confianza depositada en el proyecto de un «Senegal soberano, justo y próspero».
El presidente Faye también felicitó al primer ministro, a los ministros y a los secretarios de Estado por los esfuerzos realizados para acelerar la recuperación del país y mejorar el bienestar de la población, «a pesar de la situación económica, financiera y social sin precedentes heredada del anterior régimen».
Hitos estructurantes
Entre los avances más destacados de esta fase de corrección y reestructuración, el dirigente senegalés citó la presentación de la auditoría de las finanzas públicas, la publicación de la Visión «Senegal 2050», la elaboración del Masterplan, de la Estrategia Nacional de Desarrollo (SND), del New Deal tecnológico y de los estados generales sectoriales, estimando que estos documentos «han permitido iniciar una verdadera transformación del país en todas sus dimensiones».
El plan de acción quinquenal 2025-2029, presentado en octubre de 2024, constituye la primera fase operativa de esta agenda. Dotado con una financiación estimada en 18.493,83 mil millones de francos CFA (unos 30,8 mil millones de dólares), este marco estratégico sustituye al Plan Senegal Emergente (PSE) del expresidente Macky Sall. Según las autoridades, el 62,3 % de los recursos provendrá del sector público, el 14,1 % del sector privado y el 23,6 % de asociaciones público-privadas.
El PRES, base operativa inmediata
Como complemento, el Plan de Recuperación Económica y Social (PRES), presentado el 1 de agosto de 2025 en Dakar por el primer ministro Ousmane Sonko en presencia del jefe de Estado, constituye la base operativa inmediata de esta dinámica. Inscrito en una estrategia en tres fases —recuperación, impulso y aceleración hasta 2050—, busca responder a las urgencias económicas al tiempo que sienta las bases de una soberanía reforzada.
El primer ministro justificó este plan por la herencia económica preocupante, mencionando un déficit presupuestario real del 14 % del PIB y una deuda pública del 119 % del PIB, según auditorías realizadas por organismos de control del Estado y firmas independientes.
Basado en cerca del 90 % en recursos internos, el PRES prevé movilizar 5.667 mil millones de francos CFA (unos 9,4 mil millones de dólares) entre 2025 y 2028, procedentes en particular de ingresos fiscales adicionales, reciclaje de activos y mecanismos de financiación innovadores no ligados a la deuda. Entre los instrumentos previstos figuran la fiscalidad digital, la renegociación de contratos estratégicos, la racionalización del gasto público, la movilización del ahorro nacional y la valorización del suelo. El plan incluye además reformas estructurales como la reorganización de agencias públicas, la centralización de compras, la regulación del sector bancario y el desarrollo de instrumentos de finanzas islámicas.
En el plano social, las autoridades prevén reforzar el apoyo a los hogares mediante medidas específicas en educación, salud y vivienda, al tiempo que impulsan el empleo, especialmente para jóvenes y mujeres, y apoyan al sector privado nacional. Sectores estratégicos como la agricultura, la ganadería, la pesca, las energías renovables, la industria, el sector digital y el turismo están llamados a desempeñar un papel clave en la reactivación económica.
El gobierno aspira a alcanzar un crecimiento del 7 % en 2029, al tiempo que reduce el déficit presupuestario al 3 % del PIB para 2027.
El New Deal tecnológico como motor de aceleración
Paralelamente, las autoridades lanzaron a finales de marzo de 2026 el New Deal tecnológico, presentado como un instrumento clave para acelerar la transformación digital de la administración y de la economía. Este dispositivo se apoya en el Comité de Gobernanza Digital (GouvNum), encargado de coordinar los proyectos digitales, y en el Consejo Nacional Digital (CNN), órgano consultivo que reúne a expertos del sector.
Entre las iniciativas principales figuran la creación de una ventanilla única para los ciudadanos, la digitalización de los servicios administrativos y el desarrollo de infraestructuras digitales soberanas, incluidos centros de datos y el refuerzo de la capacidad de banda ancha. Se pone especial énfasis en la inclusión digital, con el objetivo de conectar las zonas rurales y apoyar la innovación mediante programas dirigidos a las start-ups y a la juventud.
Reformas institucionales e instrucciones económicas
En el ámbito institucional, el jefe de Estado reiteró su voluntad de profundizar la modernización de la justicia, la transparencia en la gobernanza pública y la rendición sistemática de cuentas, apoyándose en las leyes relativas a la OFNAC, la declaración de patrimonio, los denunciantes de irregularidades y el acceso a la información.
En el plano económico, instruyó al gobierno a acelerar la ejecución del PRES, la aplicación de las nuevas políticas agrícola e industrial, el desarrollo de la economía social y solidaria y la regulación de los precios en los mercados, velando al mismo tiempo por el refuerzo del diálogo social, la estabilidad de los sectores estratégicos, la mejora de la calidad de los servicios públicos y la implementación progresiva de polos territoriales en el marco de una descentralización intensiva de los proyectos e inversiones públicas.