Argelia eleva a 53 el número de sus inspecciones de control en las fronteras y crea unidades aduaneras permanentes, sin detallar los medios humanos, financieros y técnicos necesarios para su funcionamiento.
El Gobierno argelino ha reorganizado su dispositivo de control de calidad, lucha contra el fraude y vigilancia aduanera en las fronteras. Dos órdenes interministeriales y una decisión, publicadas en el Boletín Oficial n.º 60, amplían la red de inspecciones a puertos, aeropuertos, puestos terrestres y zonas bajo control aduanero. Esta reforma administrativa refleja la voluntad de reforzar los controles, aunque deja pendientes las condiciones concretas para su aplicación.
Una primera orden, firmada el 5 de mayo por los ministros de Comercio Interior y Finanzas, fija en 53 el número de inspecciones encargadas del control de calidad y la lucha contra el fraude. Un segundo texto precisa su distribución.
Argel concentra ocho estructuras, mientras que Tremecén, Orán e Illizi cuentan con tres cada una. Varias wilayas costeras, fronterizas y meridionales disponen de una o dos inspecciones. Sin embargo, los textos no precisan cuántas de estas estructuras son realmente nuevas, cuántas están ya operativas o cuáles han sido simplemente reorganizadas respecto al dispositivo anterior.
La cobertura geográfica se extiende desde los grandes puertos de Argel, Orán, Béjaïa y Djen Djen hasta los puestos fronterizos terrestres de Maghnia, Bouchebka, Debdeb, In Guezzam, Tin Zaouatine, Bordj Badji Mokhtar y Timiaouine. Incluye asimismo aeropuertos y zonas industriales bajo control aduanero. Esta dispersión responde a la extensión del territorio argelino y a la longitud de sus fronteras, pero podría incrementar las necesidades de personal, equipos de control y capacidades logísticas.
Una decisión del Ministerio de Finanzas, fechada el 1 de junio, crea paralelamente puestos aduaneros de vigilancia a lo largo de las fronteras terrestres.
Estas unidades deberán prestar servicio permanente, tanto de día como de noche, vigilar la franja fronteriza, apoyar a las brigadas operativas y coordinar sus intervenciones con la Gendarmería Nacional. También serán responsables de la seguridad de las mercancías incautadas hasta su entrega a los servicios competentes.
Sin embargo, el dispositivo no proporciona ninguna indicación sobre el número exacto de puestos afectados, sus efectivos, presupuesto, equipamiento o calendario de despliegue. Tampoco se establecen objetivos cuantificados en materia de reducción del contrabando, mejora de los controles o plazos para el procesamiento de las mercancías.
En ausencia de estos indicadores, la ampliación de la red administrativa no garantiza por sí sola una vigilancia más eficaz.
Su impacto dependerá de la capacidad de las autoridades para dotar de manera sostenible a estas estructuras de personal formado y medios técnicos, así como de evitar solapamientos de competencias entre las Aduanas, la Gendarmería y los servicios de control comercial.
SG/RT/APA