El Parlamento egipcio se reunió con carácter de urgencia para aprobar el aplazamiento por un año de la entrada en vigor del nuevo Código de Procedimiento Penal, inicialmente prevista para este jueves 1 de octubre.
Los diputados decidieron que el nuevo Código comenzará a aplicarse el 1 de octubre de 2027, según medios locales.
La sesión extraordinaria, celebrada este miércoles 30 de septiembre a iniciativa del presidente Abdel Fattah Al-Sissi, tuvo lugar en vísperas de la apertura del segundo período ordinario de sesiones de la tercera legislatura, prevista para el jueves.
“La aplicación de estas disposiciones se ha aplazado para completar los requisitos necesarios para su puesta en práctica, ya sean de carácter organizativo, institucional, técnico o humano”, informó el portal Parlmany.
El plazo adicional permitirá completar los sistemas electrónicos de notificación y juicios a distancia, las bases de datos, las redes de conexión, la digitalización de los procedimientos y la formación del personal encargado de aplicar la nueva legislación.
El Código fue aprobado por el Parlamento el 16 de octubre de 2025 y ratificado por Al-Sissi el 12 de noviembre del mismo año, después de haber sido devuelto inicialmente a la Cámara para su revisión.
El texto regula las investigaciones, las detenciones, la prisión preventiva y los juicios, además de los derechos de las personas procesadas y los procedimientos de la Policía, la Fiscalía y los tribunales. También contempla la modernización de la justicia mediante audiencias e investigaciones a distancia con herramientas audiovisuales.
La aprobación del Código generó un intenso debate en Egipto, especialmente en torno a la prisión preventiva, los registros y las garantías concedidas a los procesados. Los sindicatos de periodistas y abogados expresaron reservas, mientras que el Consejo Nacional de Derechos Humanos y varias ONG pidieron a la Presidencia que no promulgara el texto.
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también había expresado preocupación por las facultades discrecionales concedidas a los fiscales. Tras devolver el proyecto al Parlamento, la Presidencia señaló que su revisión buscaba reforzar la protección de los derechos y las libertades públicas y responder a las exigencias de la práctica.
SG/RT/APA