Argelia amplió el 1 de octubre de 2026 el ámbito de aplicación de la pena de muerte a los autores de incendios provocados y a determinados casos de secuestro de menores, aunque el país mantiene de facto una moratoria sobre las ejecuciones desde 1993.
La Asamblea Popular Nacional (APN) aprobó por mayoría una reforma del Código Penal que contempla la pena capital para determinados delitos de incendio y secuestro de menores. La medida, impulsada por el presidente Abdelmadjid Tebboune, se produce tras los incendios mortales registrados este verano.
El ministro de Justicia, Lotfi Boudjemaa, afirmó que la pena de muerte constituye «la respuesta jurídica apropiada para erradicar estos crímenes». El texto recibió el respaldo de las formaciones de la mayoría, mientras que parte de la oposición reiteró su rechazo a la pena capital.
La reforma prevé la pena de muerte para quienes sean declarados culpables de incendiar voluntariamente bosques, zonas arboladas o campos, así como para quienes secuestren a un menor y lo sometan a torturas, agresiones sexuales o mutilaciones.
El Rassemblement National Démocratique (RND), cercano al poder, apoyó la reforma al considerar que reforzará el carácter disuasorio del Estado. En cambio, el Rassemblement pour la Culture et la Démocratie (RCD), de oposición, votó en contra y reiteró su rechazo histórico a la pena capital.
La legislación argelina ya contemplaba la pena de muerte para incendios que causaran víctimas mortales y determinados secuestros de menores. Los tribunales continúan dictando condenas a muerte, especialmente en casos de terrorismo y homicidio, pero ninguna ejecución se ha llevado a cabo desde 1993.
SG/RT/APA