El Gobierno senegalés quiere reforzar la inserción y reinserción de los jóvenes vulnerables, especialmente aquellos atendidos por el sistema de protección judicial, facilitando su acceso a la formación, el aprendizaje, el empleo y la financiación, declaró el ministro de Justicia y Guardián de los Sellos, Moussa Sarr.
«¿Qué ocurre con un joven al día siguiente de que finalice la protección judicial?», se preguntó el ministro senegalés de Justicia al inaugurar un panel de alto nivel dedicado a la puesta en marcha de un mecanismo y un fondo operativos de inserción y reinserción.
Para Moussa Sarr, el desafío consiste ahora en garantizar una continuidad entre la atención judicial y social y el acceso a la autonomía.
La Dirección General de Protección Judicial y Social (DGPJS) atiende cada año a cerca de 17.000 menores confiados por la autoridad judicial, entre ellos víctimas, testigos, jóvenes en situación de riesgo o en conflicto con la ley, así como jóvenes adultos menores de 21 años en situación de vulnerabilidad.
«A cada uno de ellos, el Estado debe ofrecerle una respuesta adecuada, y nunca únicamente una sanción», afirmó el ministro, abogando por un enfoque basado en la protección, la educación, la reparación y la reconstrucción.
412 jóvenes de los centros aprueban los exámenes profesionales
El sistema de atención ya permite a numerosos jóvenes adquirir competencias profesionales. En 2025, más de 412 jóvenes acogidos en los centros aprobaron los exámenes profesionales, de los cuales 311 obtuvieron certificados y 101 aprobaron el Certificado de Aptitud Profesional (CAP).
Las formaciones abarcan, entre otros ámbitos, la carpintería, la peluquería, la tapicería, la electricidad, la refrigeración y climatización, así como la restauración.
Sin embargo, para el Guardián de los Sellos, la obtención de un diploma constituye únicamente el comienzo del proceso de inserción.
«Les hemos enseñado un oficio y los dejamos a las puertas del taller sin la llave», lamentó, señalando las dificultades para acceder a prácticas, programas de aprendizaje, un primer empleo y la financiación necesaria para crear una actividad.
Consideró que la autonomía económica constituye una barrera esencial contra el regreso a la calle, la explotación, la precariedad y la reincidencia.
El Fondo de Reinserción, llamado a desempeñar un papel central
El Gobierno creó, mediante el decreto n.º 2024-792 del 26 de marzo de 2024, el Fondo de Reinserción de Menores y Jóvenes Adultos en Situación de Vulnerabilidad.
Este mecanismo debe permitir financiar y acompañar las iniciativas de los jóvenes y facilitar su inserción socioprofesional.
«Pero un fondo por sí solo no es suficiente», advirtió Moussa Sarr, quien pidió la movilización de las administraciones públicas, el sector privado, los socios técnicos y financieros y la sociedad civil.
En particular, invitó a las entidades públicas a reservar un espacio para los jóvenes vulnerables en sus programas, especialmente mediante becas y cuotas.
Por su parte, las empresas están llamadas a abrir más sus puertas a las prácticas, los contratos de cualificación y los primeros empleos.
«Deben ver en estos jóvenes no riesgos, sino oportunidades», insistió.
Una responsabilidad colectiva
Para el ministro de Justicia, el éxito de la política de reinserción dependerá de la capacidad de los distintos actores para trabajar conjuntamente y garantizar una verdadera continuidad del acompañamiento.
«La reinserción no es un favor, es un derecho», declaró, al considerar que un joven que haya pasado por el sistema de protección judicial «no debe ser ni una víctima de por vida ni un delincuente de por vida».
El panel debe permitir así definir una estructura más coherente que vincule protección, reeducación, formación e inserción profesional.
«Entre estos dos destinos, a veces solo hay una puerta abierta o cerrada. Esa puerta nos corresponde a todos abrirla», concluyó Moussa Sarr, reafirmando la voluntad del Gobierno de «no dejar a ningún joven al borde del camino».
SG/RT/APA