Diputados sudafricanos expresaron su preocupación por las persistentes deficiencias en la gestión financiera y administrativa del sector judicial, marcadas especialmente por el aumento de los gastos irregulares, las pérdidas relacionadas con ciberataques y las prolongadas vacantes en puestos directivos.
Los diputados sudafricanos manifestaron su preocupación por la gestión del sector judicial durante la presentación, por parte del Auditor General de Sudáfrica (AGSA), de su informe sobre el examen presupuestario y las recomendaciones correspondientes al ejercicio 2025-2026.
El presidente de la Comisión parlamentaria de Justicia y Desarrollo Constitucional, Xola Nqola, señaló deficiencias en la gestión financiera y operativa de varios organismos pertenecientes al ámbito de la justicia, pese a los avances registrados por algunas instituciones.
Los diez organismos auditados disponen de un presupuesto acumulado de 29.620 millones de rands, equivalentes a unos 1.790 millones de dólares. Seis obtuvieron una opinión de auditoría sin reservas, tres una opinión sin reservas con observaciones y otro una opinión con reservas.
La comisión destacó, en particular, un aumento de los gastos irregulares, que alcanzaron los 326 millones de rands durante el ejercicio, de los cuales 289,4 millones fueron atribuidos al Ministerio de Justicia y Desarrollo Constitucional.
Los parlamentarios también señalaron las pérdidas financieras registradas por el Guardian’s Fund a raíz de ciberataques y pagos no autorizados. En particular, se informó de una pérdida adicional de 13 millones de rands en las oficinas de Pietermaritzburg y Makhanda.
La prolongada vacancia de varios puestos de responsabilidad constituye otra fuente de preocupación. La Oficina del Presidente del Tribunal Supremo lleva quince meses funcionando sin responsable contable, mientras que el Ministerio de Justicia, el Guardian’s Fund, el President’s Fund y el Joint Administrative Fund también registran perturbaciones en su gobernanza.
Por su parte, la Comisión Sudafricana de Derechos Humanos sigue sin responsable contable ni director financiero.
Por último, los diputados denunciaron los retrasos del programa Integrated Justice System, destinado a conectar las distintas instituciones de la cadena penal. Pese a los cerca de 4.900 millones de rands gastados durante la última década, el proyecto todavía no ha permitido establecer un sistema de justicia penal plenamente integrado.
SG/RT/APA