«Un verdadero alto el fuego sigue siendo difícil de materializar», lamentó el responsable de la ONU, al referirse a la continuación de los enfrentamientos en la RDC, especialmente en Kivu del Norte y Kivu del Sur, donde el grupo armado AFC/M23, respaldado por el Ejército ruandés según Naciones Unidas, continúa ampliando y consolidando su control territorial.
Los esfuerzos diplomáticos prosiguen en varios frentes. Estados Unidos acompaña el proceso de paz entre Kinshasa y Kigali, mientras que Qatar facilita las negociaciones entre el Gobierno congoleño y el AFC/M23. Por su parte, la Unión Africana trabaja para coordinar estas iniciativas y restablecer la confianza entre los países de la región.
Se han registrado algunos avances, especialmente con la conclusión de un protocolo relativo al desarme de las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR) y el inicio de las primeras misiones de un mecanismo conjunto de verificación de los compromisos asumidos.
Sin embargo, persisten divergencias sobre la aplicación de estas disposiciones, mientras que la retirada del M23 de determinadas posiciones sigue siendo limitada, según el informe presentado por Huang Xia.
Sobre el terreno, los enfrentamientos continúan en varias localidades de Kivu del Sur, especialmente en los territorios de Mwenga y Fizi, así como en Kivu del Norte, en Masisi, Lubero y Walikale.
El informe señala un aumento del uso de drones armados, artillería pesada y explosivos en zonas habitadas.
Otros grupos armados también contribuyen al deterioro de la seguridad. Las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), vinculadas a la organización Estado Islámico, habrían participado en 211 incidentes que causaron 468 víctimas civiles durante el período examinado.
Por su parte, las FDLR están implicadas en 94 incidentes que provocaron la muerte de 40 civiles.
Entre el 16 de marzo y el 15 de septiembre, Naciones Unidas documentó 2.186 violaciones y abusos de los derechos humanos atribuidos a grupos armados, lo que representa el 70 % del total registrado.
El AFC/M23 sería responsable de la mitad de estos abusos. Las fuerzas de seguridad congoleñas también están señaladas, con 891 violaciones atribuidas a actores estatales.
La crisis humanitaria sigue siendo igualmente alarmante. A finales de junio, la RDC contaba con más de seis millones de personas desplazadas y más de 26 millones de personas afectadas por una inseguridad alimentaria aguda.
El resurgimiento del ébola agrava también las necesidades sanitarias. Hasta el 19 de septiembre, las autoridades habían notificado 7.672 casos confirmados y 3.699 fallecimientos, según los datos citados en el informe.
El enviado especial destacó asimismo el papel de la explotación y el tráfico ilegal de minerales en la financiación de los grupos armados.
En este sentido, pidió reforzar la trazabilidad de las cadenas de suministro para limitar los recursos que alimentan la economía de guerra.
Las tensiones entre Kinshasa y Kigali, así como entre Ruanda y Burundi, también hacen temer una extensión del conflicto a escala regional. El informe advierte de que un incidente fronterizo podría desencadenar una confrontación de mayor envergadura.
Ante esta situación, Huang Xia instó a las partes a traducir sus compromisos diplomáticos en resultados concretos y verificables, subrayando que la oportunidad abierta por las negociaciones no permanecerá disponible indefinidamente.
SG/RT/APA