La poderosa central sindical tunecina UGTT, considerada un pilar de la democracia, se enfrenta a decisiones del Gobierno del presidente Kaïs Saïed, mientras la organización se prepara para una gran movilización.
La jefa del Gobierno tunecino, Sarra Zaafrani Zenzri, publicó el 14 de agosto de 2025 una circular que pone fin a las comisiones de servicio de empleados públicos en organizaciones sindicales. La medida fue denunciada inmediatamente por la UGTT como un atentado contra el derecho sindical. Este pulso abre una nueva crisis social y política en un clima ya tenso.
La circular gubernamental n.º 11, fechada el 11 de agosto pero hecha pública el día 14, califica de «ilegal» la práctica de poner a disposición de los sindicatos a empleados del Estado, de las administraciones locales y de los establecimientos públicos, manteniendo sus remuneraciones a cargo de sus organismos de origen. El texto exige identificar inmediatamente a los agentes afectados, su reincorporación a sus puestos de origen y la anulación de todas las autorizaciones de comisión de servicio concedidas anteriormente.
La UGTT reaccionó con dureza, calificando la decisión de medida «fuera de tiempo» y de instrumentalización política destinada a debilitar al movimiento sindical. La central obrera acusa al Gobierno de restringir el derecho sindical y de tratar de controlar a las organizaciones sindicales limitando su capacidad para disponer de representantes sindicales liberados de sus funciones habituales.
Para el Gobierno, esta reforma se inscribe en una lógica de racionalización de la gestión pública y de lucha contra prácticas consideradas abusivas. Las autoridades destacan la necesidad de garantizar la presencia de los funcionarios en sus puestos, reducir los costes para la administración y poner fin a situaciones de comisión de servicio consideradas opacas y contrarias a la normativa.
La circular contempla sanciones en caso de incumplimiento e insta a los ministerios y establecimientos públicos a adoptar las medidas administrativas y jurídicas pertinentes contra los agentes que se nieguen a reincorporarse a sus puestos. Esta escalada verbal y normativa entre el Ejecutivo y la UGTT podría alimentar nuevas movilizaciones sociales, en un contexto económico marcado por la debilidad del crecimiento y la persistencia del desempleo.
SG/RT/APA