Varios peticionarios denunciaron ante la Cuarta Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York las graves y persistentes violaciones de derechos humanos en los campamentos de Tinduf, en el suroeste de Argelia, donde presuntamente las milicias armadas del Frente Polisario reclutan a la fuerza a niños.
Amanda DiCianni, representante de la ONG Rescue and Relief International, afirmó que «la comunidad internacional lleva años alertando sobre el reclutamiento y la militarización de niños por parte del Polisario en los campamentos de Tinduf». Según ella, estos hechos «no son meras acusaciones, sino observaciones documentadas» ya mencionadas en la ONU y confirmadas por el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.
Criticó «la falta de transparencia y seguridad en estos campamentos controlados por milicias armadas», citando «corrupción a gran escala» y «vínculos comprobados entre ciertos líderes del movimiento separatista y redes criminales transnacionales».
El presidente del consejo municipal de Dajla, Erragheb Hormatallah, instó a la comunidad internacional a recordar a los líderes del Polisario que el derecho internacional y la Convención sobre los Derechos del Niño se aplican a todos, incluido el país anfitrión de estos campamentos.
Por su parte, Laila El Atfani, de la ONG Refai, denunció el reclutamiento sistemático de niños retirados de la escuela y entrenados en campamentos militares, considerándolo una verdadera amenaza para la paz y la estabilidad regionales. Enfatizó que el plan de autonomía presentado por Marruecos en 2007 sigue siendo la única base realista para garantizar la dignidad y la protección de las poblaciones secuestradas.
Varios otros oradores, entre ellos la exministra del Interior de Zambia, Grace Njapau, y el periodista indonesio Wilson Lalengke, hablaron de ejecuciones extrajudiciales, desvíos masivos de ayuda humanitaria y un clima de terror impuesto por las milicias separatistas.
La presidenta estadounidense de Teach the Children International, Nancy Huff, describió los campamentos de Tinduf como «un caldo de cultivo para el extremismo, la radicalización y el tráfico de personas de todo tipo» y consideró que «el plan de autonomía marroquí, apoyado por varias potencias mundiales, representa la solución más pragmática para el desarrollo y la estabilidad regional».
Los peticionarios exigieron unánimemente una investigación internacional independiente y la protección efectiva de los derechos fundamentales de los niños y los civiles en estos campamentos, que, según afirmaron, estaban administrados «con la complicidad del país anfitrión, Argelia».