Manifestaciones que reclaman la salida del presidente Andry Rajoelina y reformas institucionales sacuden Antananarivo desde hace varios días, provocando enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y movimientos dentro del ejército. La Presidencia de Madagascar y la Unión Africana hacen un llamado a la calma y al diálogo.
La Presidencia de la República de Madagascar denunció este domingo lo que califica como un intento de toma del poder por la fuerza, considerando que los acontecimientos en curso contradicen la Constitución y los principios democráticos. Al mismo tiempo, la Unión Africana llamó a todos los actores malgaches a priorizar soluciones pacíficas.
En un comunicado recibido por la Agencia de Prensa Africana (APA), la presidencia señaló que se había iniciado una acción ilegal destinada a desestabilizar el país, e instó a todas las fuerzas vivas de la nación a defender el orden constitucional.
El jefe de Estado expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y su solidaridad con las personas afectadas por la violencia. Asimismo, reafirmó que el diálogo sigue siendo el único camino para resolver la crisis e invitó a la población a mantener la unidad nacional.
La presidencia había afirmado, horas antes, que el presidente Andry Rajoelina no había abandonado el territorio y que continuaba sus actividades en Madagascar, en colaboración con el primer ministro Ruphin Zafisambo. Este último había llamado la víspera a la población y a las fuerzas de seguridad a evitar toda violencia y proteger los bienes públicos.
Por otra parte, el presidente de la Comisión de la Unión Africana, Mahmoud Ali Youssouf, expresó su preocupación por los recientes acontecimientos, marcados por movimientos en el seno del ejército y manifestaciones populares en Antananarivo.
Exhortó a los actores civiles y militares a mantener la calma y respetar los derechos fundamentales, recordando los principios de la Declaración de Lomé de 2000 y de la Carta Africana sobre la Democracia, las Elecciones y la Gobernanza.
Las manifestaciones, que reclaman la salida del presidente Rajoelina y reformas institucionales, estuvieron marcadas por la intervención del Capsat (Cuerpo de Administración y Servicios Técnicos de las Fuerzas Armadas).
Según el coronel Mikaël Randrianirina, jefe del Capsat, la unidad no busca realizar un golpe de Estado, sino responder a las demandas de la población.
El general Lylison René confirmó la muerte de un miembro del Capsat en enfrentamientos con la gendarmería y llamó a cesar los disparos y proteger los bienes y comercios.
El general Jocelyn Rakotoson, jefe del Estado Mayor del ejército de tierra, también pidió diálogo para evitar cualquier escalada.
Según las Naciones Unidas, al menos 22 personas han perdido la vida desde el inicio de las manifestaciones —una cifra disputada por las autoridades—, mientras miles de manifestantes lograron acceder a la plaza del 13 de Mayo bajo escolta militar.