Aumenta la tensión entre las autoridades marfileñas y Amnistía Internacional. En el centro de la controversia se encuentra la situación de militantes condenados tras los disturbios de la elección presidencial de octubre de 2025 y, especialmente, el caso de mujeres embarazadas en prisión.
El Ministerio de Justicia de Costa de Marfil reaccionó con firmeza este martes al comunicado publicado por la ONG el 10 de marzo de 2026. Delbé Zirignon Constant, director de Derechos Humanos, denunció lo que calificó de “juicios de valor inapropiados”.
Amnistía Internacional había pedido la liberación inmediata de personas detenidas “sin fundamento legal” y garantías de juicios justos para quienes fueron arrestados tras las manifestaciones de octubre pasado. La organización expresó su preocupación particular por tres mujeres embarazadas, próximas a dar a luz. Entre ellas figura una comerciante y madre de cuatro hijos, condenada a tres años de prisión por vender jugo durante concentraciones del 11 de octubre; otra mujer, madre de cinco hijos y embarazada de seis meses, fue condenada por portar una camiseta con los colores de la oposición; y una tercera, con siete meses de embarazo, permanece en detención preventiva tras ser arrestada en su domicilio.
El director de Derechos Humanos recordó que las personas mencionadas fueron procesadas, juzgadas y condenadas conforme a la ley, tras beneficiarse —según el ministerio— de todas las garantías de un juicio justo por hechos relacionados con alteraciones del orden público.
Subrayó además que los condenados ejercieron su derecho a recurrir en segunda instancia y que corresponde ahora al tribunal de apelación, y no a las autoridades políticas, pronunciarse sobre el fondo del caso, insistiendo en la independencia del poder judicial.
En respuesta a las críticas sobre las condiciones de detención, el Ministerio de Justicia aseguró que ninguna reclusa embarazada se encuentra en un entorno perjudicial para su estado. Según cifras oficiales, 15 mujeres embarazadas han sido encarceladas desde comienzos de 2025 por distintas infracciones; cinco ya dieron a luz con asistencia médica y ocho reciben seguimiento médico y social.
El gobierno también cuestionó la metodología de Amnistía Internacional, acusándola de centrarse en tres casos concretos e ignorar otros similares, lo que, según las autoridades, podría constituir un trato diferenciado.