El gobierno de Burkina Faso anunció la nacionalización de la Compañía de Fibras Textiles de Burkina Faso, (SOFITEX por sus siglas en francés), tras el Consejo de Ministros celebrado el jueves bajo la presidencia del jefe de Estado, el capitán Ibrahim Traoré. Esta decisión se enmarca en una estrategia destinada a reforzar la soberanía económica del país.
Reunido en sesión ordinaria, el Consejo de Ministros adoptó dos decretos: uno relativo a la nacionalización de la SOFITEX y otro sobre la aprobación de sus nuevos estatutos. A partir de ahora, el Estado burkinés posee el 100 % del capital de esta empresa clave del sector algodonero.
Según el ministro de Industria, Comercio y Artesanía, Serge Gnaniodem Poda, la empresa contaba con un capital social de 19.500 millones de francos CFA. Antes de esta decisión, el Estado poseía el 89 %, frente al 5 % en manos de entidades públicas y el 6 % de inversores privados, nacionales e internacionales.
El ministro explicó que esta medida responde a las dificultades estructurales que enfrenta la SOFITEX desde hace varios años, entre ellas un elevado endeudamiento, altos costos operativos y retrasos recurrentes en los pagos a los productores. A ello se suman factores externos como la volatilidad de los precios de insumos y materias primas en el mercado internacional.
«Ante estas dificultades que afectan al rendimiento de la SOFITEX, el gobierno ha decidido convertirse en su único accionista para garantizar la estabilidad del sector», indicó.
El Estado procedió así a la recompra de las participaciones privadas con el objetivo de reactivar la empresa y mejorar sus resultados, en línea con su política de transformación económica.
Esta nacionalización se inscribe en una dinámica más amplia iniciada en los últimos años. En noviembre de 2025, el Estado ya había retomado el control de la SN-CITEC, mientras que varias empresas mineras fueron transferidas a la SOPAMIB en junio del mismo año.
Asimismo, el Banco comercial de Burkina fue nacionalizado en 2024, al igual que la SN-SOSUCO, lo que refleja la voluntad de las autoridades de reforzar el control público sobre sectores estratégicos para el desarrollo nacional.