La Cámara de Representantes de Marruecos aprobó el 12 de mayo de 2026 el proyecto de ley orgánica relativo a las regiones, en el marco del proceso de regionalización avanzada.
El texto, adoptado por 110 votos a favor y 46 abstenciones, prevé reforzar las competencias estratégicas de las regiones, transformar las Agencias Regionales de Ejecución de Proyectos (AREP) en sociedades anónimas —denominadas Sociedades Regionales de Ejecución de Proyectos— para mejorar la gobernanza y la eficiencia, y aumentar las transferencias financieras del Estado hasta al menos 12.000 millones de dirhams anuales a partir de 2027.
Según el ministro del Interior, Abdelouafi Laftit, la reforma inaugura una nueva etapa orientada a modernizar los mecanismos de gestión y planificación, fortalecer los recursos financieros y situar a las regiones en el centro del desarrollo económico, con el objetivo de mejorar la cohesión territorial y responder de manera más eficaz a las necesidades locales.
El proyecto amplía y precisa las competencias propias y compartidas de las regiones, con el fin de consolidar su papel como motor del desarrollo económico y territorial. Las nuevas Sociedades Regionales de Ejecución de Proyectos tendrán su sede en la capital de cada región y contarán con representaciones provinciales para reforzar la transparencia, la proximidad y la eficacia en la ejecución de los programas.
La reforma se inscribe en la continuidad del proceso de descentralización, con el propósito de construir regiones más autónomas y capaces de gestionar de manera eficiente los proyectos y recursos destinados al desarrollo. El objetivo es asegurar una distribución más equilibrada de las inversiones y de los medios en todo el territorio nacional.
Los grupos de la mayoría parlamentaria señalaron que esta revisión permite evaluar los años de aplicación de la regionalización avanzada, identificar las limitaciones detectadas —como la insuficiencia de recursos financieros, el solapamiento de competencias y las disparidades territoriales— y adaptar el marco jurídico a las transformaciones económicas, sociales e institucionales del país, en coherencia con las orientaciones del nuevo modelo de desarrollo.