Gabón y Guinea Ecuatorial dieron un nuevo paso hacia la resolución de su diferendo territorial con la firma, este martes en Addis Abeba, de un compromiso conjunto para aplicar la sentencia dictada por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) el 19 de mayo de 2025 sobre la delimitación de sus fronteras terrestres y marítimas.
Libreville y Malabo suscribieron el acuerdo al margen de la 49.ª sesión ordinaria del Consejo Ejecutivo de la Unión Africana (UA). El documento fue firmado por el ministro ecuatoguineano de Asuntos Exteriores, Cooperación Internacional y Diáspora, Simeón Oyono Esono Angüe, y por el presidente de la Corte Constitucional de Gabón, Dieudonné Aba’a Owono, en representación de sus respectivos países.
La ceremonia contó con la presencia del presidente de la Comisión de la Unión Africana, Mahmoud Ali Youssouf; del presidente del Consejo Ejecutivo de la UA, Édouard Bizimana; y del enviado especial de la organización panafricana para el seguimiento de este expediente, el ministro de Asuntos Exteriores de Burundi, Albert Shingiro.
Nombrado por la Unión Africana en marzo de 2026 para acompañar a Libreville y Malabo en la aplicación de la decisión de la CIJ, Shingiro contribuyó al acercamiento de las posiciones de ambos Estados vecinos de África Central.
En un comunicado, la Unión Africana celebró la firma del compromiso, calificándola de avance significativo para la resolución pacífica de un litigio que enfrenta a los dos países desde hace varias décadas. Según el presidente de la Comisión de la UA, el acuerdo refleja «un compromiso común con el diálogo, la cooperación, la buena vecindad y la solución pacífica de las controversias en el espíritu de la unidad africana».
La sentencia de la CIJ, emitida el 19 de mayo de 2025 tras un compromiso presentado conjuntamente por Libreville y Malabo, se basó en la Convención franco-española del 27 de junio de 1900 para determinar las referencias jurídicas aplicables a la frontera entre ambos países. La Corte precisó que no le correspondía trazar una nueva frontera ni atribuir territorios, sino establecer el valor jurídico de los distintos títulos, tratados y convenciones invocados por las partes.
El fallo se refiere, en particular, a varios territorios insulares en disputa, entre ellos las islas Mbanié, Cocoteros y Conga, situadas en una zona marítima estratégica con potenciales recursos petroleros y gasíferos.
El diferendo, que se remonta a varias décadas, fue sometido a la CIJ tras diversos intentos de mediación y la firma, en 2016, de un compromiso entre ambos Estados para privilegiar la vía judicial.
Si bien la cuestión de las fronteras terrestres y el estatuto de las islas queda ahora sujeta a la aplicación de la decisión de la CIJ, la delimitación marítima seguirá siendo objeto de negociación entre los dos países, conforme a las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convención de Montego Bay).
Con este compromiso conjunto, Libreville y Malabo manifiestan su voluntad de privilegiar el diálogo y la cooperación regional para dejar atrás un diferendo histórico y fortalecer sus relaciones de buena vecindad.
SG/RT/APA