Los marroquíes serán convocados a las urnas a finales de septiembre de 2026 para elegir un nuevo Parlamento, en el marco de una voluntad política de reforzar la legislación electoral frente al auge del entorno digital y la inteligencia artificial (IA).
El Reino de Marruecos busca garantizar elecciones transparentes y proteger su integridad mediante un endurecimiento normativo, especialmente ante el aumento de los “deepfakes” y la desinformación automatizada. Un proyecto de ley relativo a la Cámara de Representantes introduce un conjunto de sanciones inéditas destinadas a regular el uso de las tecnologías digitales y de la IA durante la campaña electoral.
Las nuevas leyes establecen que toda persona condenada en primera instancia por un crimen o en apelación por un delito no podrá presentarse a las elecciones. El objetivo es elevar el nivel ético de la vida política y electoral y favorecer una renovación real de las élites, según el gobierno. Los textos, aprobados recientemente en el Consejo de Ministros, también prevén que cualquier candidato sorprendido en flagrante delito verá su lista rechazada o anulada, y excluyen toda posibilidad de penas alternativas, lo que refleja una clara voluntad de firmeza.
El artículo 39 del proyecto fija penas de tres a seis meses de prisión y multas de 20.000 a 50.000 dirhams para toda persona que difunda, el día de la votación, documentos, anuncios o contenidos electorales, ya sea directamente o a través de redes sociales, plataformas digitales, sistemas informáticos o herramientas de IA. Además, se imponen penas de seis meses a un año de prisión y multas de 50.000 a 100.000 dirhams a funcionarios públicos que distribuyan propaganda por estos mismos medios. El texto se dirige igualmente contra la manipulación de contenidos digitales, especialmente mediante tecnologías generativas.
Toda persona que difunda montajes de audio o video sin consentimiento, o propague informaciones falsas, documentos falsificados, acusaciones o rumores que afecten la vida privada o la reputación de un candidato o votante, se expone a penas de dos a cinco años de cárcel y multas de 50.000 a 100.000 dirhams. Lo mismo se aplicará a quienes intenten socavar la confianza en la integridad del proceso electoral mediante la difusión de informaciones engañosas, incluso por redes sociales o inteligencia artificial.
Las nuevas disposiciones también establecen que los candidatos menores de 35 años recibirán un apoyo público que cubrirá el 75 % de los gastos de campaña, una medida inédita destinada a impulsar la participación política juvenil.
“Es un nuevo mecanismo que servirá de verdadero impulso para alentar a los jóvenes a comprometerse, ya que las condiciones y los procedimientos han sido simplificados”, declaró el portavoz del gobierno, Mustapha Baitas, al término del Consejo de Gobierno del jueves.
Asimismo, precisó que los candidatos independientes podrán beneficiarse de aproximadamente el 75 % de la financiación pública prevista para las campañas. “Muchos jóvenes tienen dificultades para obtener el respaldo de un partido político; ahora se les abre un espacio para participar activamente en la vida política”, añadió.
Las reformas también reservan las circunscripciones regionales exclusivamente a las mujeres, lo que podría elevar la representación femenina en el Parlamento del 24 % al 35 % en 2026, según el Ministerio del Interior. Otro texto aprobado refuerza la transparencia financiera de los partidos políticos y establece un estricto control de sus cuentas.
Finalmente, se recuerda que los marroquíes elegirán un nuevo Parlamento en septiembre de 2026, cuyo mandato será de cinco años, y que las elecciones municipales se celebrarán en 2027, conforme al mandato de seis años de los consejeros comunales.