El gobierno adoptó en Consejo de Ministros la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2026-2030, destinada a coordinar la protección de los sistemas de información a escala nacional. Este marco responde a la ausencia de un mecanismo unificado en un contexto de multiplicación de incidentes digitales en los últimos meses.
El documento, presentado por el ministro de Comunicación, Economía Digital y Modernización de la Administración, constituye el primer intento de organizar de manera coherente el conjunto de acciones de seguridad digital del Estado. Hasta ahora, cada administración desarrollaba sus propias respuestas, sin una estructura centralizada ni una gobernanza nacional claramente definida. Las autoridades explican que esta fragmentación limitaba la eficacia frente a amenazas cada vez más sofisticadas.
La estrategia se basa en tres orientaciones que guiarán la intervención pública: mejorar la gobernanza de la ciberseguridad, difundir una cultura de seguridad digital y proteger contra los riesgos y ataques. Según el gobierno, este esfuerzo se inscribe en la digitalización de la administración, en la ambición «Mali Kura netaasira ka ben san 2063 ma» y en la Estrategia Nacional para el Desarrollo Sostenible y la Emergencia 2024-2033. El Plan de Acción 2026-2030 debe acompañar esta implementación, aunque aún no se ha precisado el nivel de financiación necesario.
La iniciativa surge en un momento en que varias instituciones han informado recientemente de intrusiones, compromisos de servidores y una mayor exposición de aplicaciones administrativas que funcionan sin protección. Para los responsables que participaron en la elaboración del documento, la estrategia constituye un marco que permitirá estructurar las respuestas y reforzar la resiliencia de los servicios públicos. Subrayan que el auge de los ciberataques requiere ahora una coordinación nacional, una clarificación de responsabilidades y un aumento de competencias entre los actores implicados.
El ministerio considera que este dispositivo abrirá una nueva fase de consolidación destinada a proteger mejor las infraestructuras públicas y reforzar la confianza de los usuarios en las herramientas digitales. Su implementación deberá apoyarse en los recursos humanos, técnicos y financieros de las administraciones, cuya movilización será determinante para conferir una eficacia operativa a este marco nacional.