El Consejo Social de Trípoli exhortó al Gobierno de Unidad Nacional (GUN) a responder con urgencia al deterioro de los servicios públicos y de las condiciones de vida, advirtiendo sobre una escalada del descontento popular que podría amenazar la estabilidad de la capital.
En un comunicado, el Consejo pidió al Gobierno que presente soluciones «prácticas, serias y transparentes» frente a los persistentes cortes de electricidad, el aumento de los precios de los productos de primera necesidad y del agua potable, así como el deterioro de la situación de seguridad.
La organización reclamó planes de acción claros, acompañados de calendarios precisos, para abordar las causas profundas de estas crisis. A su juicio, mantener la situación actual sin una respuesta eficaz podría agravar la frustración de la población y provocar un aumento de la tensión en las calles.
El Consejo advirtió que una evolución de este tipo pondría en riesgo la seguridad de Trípoli y, en un sentido más amplio, la estabilidad del país, por lo que instó a las autoridades a actuar «con responsabilidad» antes de que se produzca un nuevo agravamiento de las tensiones sociales.
La advertencia se produce después de las manifestaciones organizadas en varios barrios de la capital libia para denunciar el deterioro de los servicios públicos y de las condiciones de vida. Los manifestantes bloquearon diversas instituciones gubernamentales, organismos de servicios y sucursales bancarias situadas a lo largo de la autopista de Trípoli, así como en los barrios de Tajoura y Souq Al-Jumaa.
Los manifestantes también exigieron la salida de todas las instituciones y responsables políticos actuales, reclamando medidas inmediatas y soluciones integrales a las crisis que afectan su vida cotidiana, al considerar que la situación se ha vuelto «insostenible».
Paralelamente, el Consejo Social llamó a los ciudadanos a actuar con moderación y a expresar sus reivindicaciones por medios pacíficos. Asimismo, los instó a no dañar los bienes públicos o privados ni poner en peligro la seguridad colectiva, subrayando que la protección de estas infraestructuras constituye una responsabilidad nacional compartida.
Finalmente, el Consejo reafirmó su disposición a participar en cualquier iniciativa nacional o comunitaria destinada a aliviar las dificultades de la población, promover el diálogo y preservar la paz social. También recordó que el derecho a la expresión pacífica está garantizado por la Constitución y la legislación libias.
SG/RT/APA