El Gobierno senegalés expresó este jueves su «pleno apoyo» al magistrado Abdoulaye Seye, fiscal adjunto de la Corte Penal Internacional (CPI), objeto de sanciones financieras y de una prohibición de visado decretadas el martes por Estados Unidos.
En un comunicado publicado tras un Consejo de Ministros, el jefe de la diplomacia senegalesa condenó firmemente las amenazas de sanciones financieras contra el magistrado Abdoulaye Sèye, calificándolas de «atentado contra el principio de independencia de la justicia y contra el derecho de los magistrados de la Corte a ejercer libremente su mandato».
Estas sanciones, impuestas por la Administración Trump, afectan también a la presidenta de la CPI, la japonesa Tomoko Akane, por su papel en investigaciones que implican a ciudadanos de Estados que no son miembros de la Corte, entre ellos Israel y los propios Estados Unidos.
«El ejercicio, con total independencia, de funciones judiciales en el seno de una jurisdicción internacional no puede dar lugar a presiones», subrayó el Gobierno de Dakar, que reafirmó su «inquebrantable compromiso con el multilateralismo y el respeto del derecho internacional».
Senegal, que cuenta ahora con dos de sus magistrados, Mame Mandiaye Niang y Abdoulaye Seye, en el punto de mira de Washington, llamó a privilegiar «el diálogo y el respeto mutuo».
El Gobierno indicó asimismo que proseguirá sus consultas con sus socios africanos e internacionales para «preservar la integridad, la independencia y el funcionamiento efectivo de la CPI».
Esta posición se produce después de que la propia CPI denunciara el martes unas sanciones que «socavan el Estado de derecho», mientras que varios países, entre ellos Chad y Venezuela, anunciaron recientemente su intención de retirarse de la jurisdicción con sede en La Haya, una tendencia alentada por Washington.
SG/RT/APA