Zambia atraviesa una nueva etapa de turbulencias políticas tras el controvertido cierre de los tribunales en vísperas del vencimiento del plazo legal para impugnar los resultados de las elecciones presidenciales del 13 de agosto.
Los tribunales de Lusaka y de varias otras regiones del país, entre ellos el Tribunal Superior y el Tribunal Supremo, fueron puestos el lunes bajo una fuerte vigilancia policial. Agentes fuertemente armados impidieron el acceso a las sedes judiciales y rechazaron, entre otros, a abogados que acudían a presentar recursos electorales.
Esta situación impidió al principal candidato de la oposición, Brian Mundubile, presentar dentro del plazo establecido su recurso para impugnar la reelección del presidente Hakainde Hichilema. Según los resultados oficiales, Hichilema obtuvo alrededor del 60 % de los votos, frente al 38 % de Mundubile.
El candidato opositor había anunciado su intención de recurrir ante el Tribunal Constitucional, denunciando presuntas irregularidades tanto en el desarrollo de los comicios como en las operaciones de escrutinio.
La controversia se centra especialmente en la aplicación del artículo 103(1) de la Constitución zambiana, que establece un plazo de siete días después de la proclamación de los resultados para presentar una impugnación de la elección presidencial. Este plazo venció el lunes.
Ante esta situación, la Asociación del Colegio de Abogados de Zambia (LAZ) denunció enérgicamente el cierre de los tribunales, considerando que podría comprometer el acceso a la justicia y vulnerar los derechos constitucionales de los candidatos y de los ciudadanos.
«Por lo tanto, es imperativo que el Poder Judicial aclare inmediatamente las disposiciones adoptadas para garantizar que ninguna persona se vea perjudicada en el ejercicio de un derecho constitucional o legal como consecuencia de este cierre, especialmente en lo relativo a los plazos de presentación aplicables», declaró el presidente de la LAZ, Arnold Kaluba.
El Colegio de Abogados pidió al Poder Judicial que restablezca los servicios, establezca mecanismos alternativos para la presentación de recursos y precise el fundamento jurídico de las medidas de cierre.
Esta crisis judicial se produce en un clima político ya tenso. Brian Mundubile estaría además siendo buscado o habría abandonado sus lugares habituales debido a amenazas, mientras que las filas de la oposición siguen divididas sobre la estrategia que debe adoptarse, en particular sobre la conveniencia de continuar la impugnación ante los tribunales.
La reelección de Hichilema deberá quedar oficialmente consagrada durante su investidura, prevista para el 1 de septiembre, en un contexto en el que las condiciones para ejercer los recursos electorales siguen suscitando interrogantes.
SG/RT/APA