El creciente uso de drones de largo alcance por las fuerzas enfrentadas en Sudán está extendiendo la violencia mucho más allá de las líneas del frente, causando víctimas en escuelas, hospitales y mercados, según la Misión Internacional Independiente de Investigación de Naciones Unidas sobre Sudán.
Al presentar sus conclusiones ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, su presidente, Mohamed Chande Othman, alertó sobre la magnitud de los ataques contra civiles e infraestructuras esenciales.
En Kordofán del Sur, ataques sucesivos atribuidos a las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) contra una escuela infantil y un hospital en Kalogi dejaron 114 muertos, entre ellos 60 niños, y algunas víctimas habrían fallecido cuando intentaban auxiliar a los heridos. En Da’ein, Darfur Oriental, ataques atribuidos a las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF) dejaron inutilizable el hospital universitario tras causar al menos 70 muertos.
En el estado del Nilo Azul, drones de las fuerzas gubernamentales atacaron el principal mercado de Yabus e infraestructuras hidráulicas, mientras que en El-Obeid una maternidad tuvo que suspender sus actividades después de que un ataque cercano dañara sus quirófanos y su farmacia.
La Misión advirtió de que las consecuencias de estos ataques van mucho más allá de las víctimas mortales y los heridos, ya que la destrucción de escuelas, centros sanitarios y otras infraestructuras civiles compromete de forma duradera el acceso a servicios esenciales. «Para los niños, la destrucción de escuelas, establecimientos de salud y otras infraestructuras civiles afecta no solo a su seguridad actual, sino también a su desarrollo y bienestar futuros», subrayó Mohamed Chande Othman.
Los investigadores de la ONU también examinaron las redes transnacionales que presuntamente alimentan la guerra mediante el reclutamiento de combatientes extranjeros y el suministro de armas, municiones, tecnologías militares y medios logísticos a las RSF.
La Misión afirma además haber documentado la presencia de antiguos contratistas del Ejército colombiano, cuyo número podría alcanzar los 2.000, junto a las RSF en Darfur y Kordofán, así como combatientes procedentes, entre otros países, de Sudán del Sur, Chad y Etiopía. La Misión pidió aplicar efectivamente el embargo de armas sobre Darfur y extenderlo a todo Sudán.
Por su parte, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió «un alto el fuego inmediato, el fin de toda injerencia extranjera y el retorno a un régimen civil inclusivo», expresando su preocupación por el deterioro de la situación en Kordofán, el Nilo Azul y Darfur del Norte y Occidental.
En su cuarto año, el conflicto entre las SAF y las RSF ha provocado una de las crisis humanitarias más graves de la actualidad, con más de seis millones de desplazados internos y otros 4,5 millones de personas refugiadas en países vecinos.
SG/RT/APA