Amnistía Internacional afirma haber documentado 18 ejecuciones sumarias de trabajadores de la minería artesanal en las provincias de Kivu del Norte y Kivu del Sur, en la República Democrática del Congo (RDC), que atribuye a combatientes del Movimiento 23 de Marzo (M23). En un informe publicado el lunes, la organización también denuncia actos de tortura, detenciones arbitrarias, trabajos forzados y tráfico de oro y coltán hacia Ruanda.
En el documento titulado «No hemos venido a jugar: abusos del M23 en las minas artesanales y tráfico de oro y coltán hacia Ruanda», la organización de defensa de los derechos humanos indica que investigó los yacimientos mineros de Rubaya, en Kivu del Norte, y Lomera, en Kivu del Sur.
Según Amnistía Internacional, entre los 18 trabajadores mineros asesinados figuran diez personas golpeadas hasta la muerte, dos abatidas a tiros y otras seis secuestradas antes de ser halladas muertas. La organización precisa que sus conclusiones se basan, entre otros elementos, en 26 entrevistas con mineros artesanales, expertos del sector, propietarios de pozos mineros, familiares de víctimas y representantes de la sociedad civil, así como en el análisis de fotografías y vídeos.
Amnistía Internacional también señala que 16 mineros o habitantes de las inmediaciones de los yacimientos describieron actos de tortura o malos tratos. Algunos habrían sido golpeados hasta perder el conocimiento por pedir un descanso, negarse a entregar minerales o cometer infracciones menores.
En Rubaya, la organización afirma que el M23 utiliza tres contenedores como celdas de detención y recurre también a celdas subterráneas denominadas «ndake». Más de 20 mineros habrían sido recluidos en una de estas instalaciones y golpeados repetidamente. Además, siete trabajadores entrevistados afirmaron haber sido detenidos y amenazados con ser reclutados por la fuerza en los centros de entrenamiento del M23 si no pagaban un rescate para obtener su liberación.
El informe también establece un vínculo entre la violencia y la explotación de los recursos mineros. Amnistía Internacional afirma que combatientes del M23 habrían obligado a mineros a extraer minerales, en ocasiones durante más de una semana bajo tierra, especialmente en las minas de coltán cercanas a Rubaya y en la zona aurífera de Lomera.
La organización asegura haber recopilado testimonios y analizado pruebas que permiten documentar el transporte clandestino de oro y coltán desde las zonas controladas por el M23 hacia Ruanda. En Lomera, varios testigos describieron la carga de sacos que contenían tierra aurífera en embarcaciones con destino a territorio ruandés.
Amnistía Internacional considera que el saqueo de oro y coltán por parte del M23 y el tráfico de estos minerales hacia Ruanda podrían constituir el crimen de guerra de pillaje. También estima que varias de las violaciones documentadas podrían constituir crímenes de guerra conforme al derecho internacional.
La organización afirma, además, que hay ciudadanos ruandeses presentes en los yacimientos de Rubaya y Lomera. Algunos trabajarían como mineros o responsables de pozos, mientras que otros, entre ellos agentes de seguridad, colaborarían con el M23 y habrían participado en actos de violencia contra los trabajadores.
Amnistía Internacional indica que ni el M23 ni las autoridades ruandesas respondieron a sus solicitudes de comentarios sobre las acusaciones recogidas en el informe.
Ante estas conclusiones, la organización pide a los países y las empresas que suspendan la compra de oro y coltán procedentes de Ruanda hasta que Kigali ofrezca garantías concretas sobre el origen de estos minerales. También solicita a Estados Unidos y a los países de la Unión Europea que no celebren acuerdos mineros relativos a Rubaya u otros yacimientos controlados por el M23 sin mecanismos internacionales independientes de supervisión.
SG/RT/APA