Túnez prepara su presupuesto para 2027 en un contexto de crecimiento todavía modesto, elevado desempleo y persistentes incertidumbres externas, pese a la mejora de varios indicadores durante el primer semestre de 2026.
El Gobierno tunecino fijó el miércoles las principales orientaciones del proyecto de presupuesto para 2027 durante un Consejo de Ministros presidido por la jefa del Gobierno, Sarra Zaafrani Zenzri. El Ejecutivo quiere convertir este documento en un instrumento que permita armonizar las prioridades económicas y sociales del Estado, el Plan de Desarrollo 2026-2030 y la futura ley de finanzas. Sin embargo, este ejercicio se lleva a cabo en un entorno en el que los márgenes de maniobra siguen siendo estrechos.
Según los datos presentados por el ministro de Economía y Planificación, Samir Abdel Hafidh, el PIB tunecino creció un 2,4 % durante el primer semestre de 2026, con un avance del 2,3 % en el segundo trimestre. No obstante, la mejora sigue siendo insuficiente para modificar profundamente la trayectoria económica del país. El ritmo actual continúa siendo bajo frente a las necesidades de creación de empleo, inversión y financiación de las políticas públicas.
Algunos sectores mostraron, sin embargo, señales de resistencia. La agricultura se benefició de una mejora de la producción de cereales y aceitunas, mientras que las industrias mecánicas y eléctricas mantuvieron una dinámica favorable a las exportaciones.
El turismo y la inversión extranjera directa también progresaron. Sin embargo, estos resultados siguen siendo fragmentarios y no eliminan las fragilidades estructurales de una economía todavía expuesta a los choques externos.
El Gobierno destaca asimismo el descenso de la inflación y una ligera mejora del mercado laboral. La tasa de desempleo bajó al 14,9 %, frente al 15,3 % registrado un año antes. Esta reducción sigue siendo, sin embargo, limitada y deja al país ante un elevado nivel de desempleo, especialmente entre los jóvenes y los titulados universitarios.
Por su parte, las reservas de divisas se consideran aceptables, aunque sin ofrecer una protección duradera frente a una eventual subida de los precios de la energía o una desaceleración de los ingresos procedentes del exterior.
Para 2027, el Ejecutivo prevé apoyar la inversión pública y privada, acelerar los proyectos bloqueados y mejorar el entorno empresarial. También pretende reforzar la soberanía económica, desarrollar los recursos propios y diversificar las fuentes de financiación. Unas ambiciones que, sin embargo, podrían tropezar con las restricciones presupuestarias, la lentitud administrativa y la persistente debilidad de la inversión.
La digitalización, la innovación y las energías renovables figuran, por último, entre las prioridades anunciadas. Pero, en un contexto marcado por la desaceleración mundial, las tensiones geopolíticas y la volatilidad de las materias primas, el presupuesto de 2027 deberá, sobre todo, encontrar un equilibrio entre las ambiciones de transformación y unos recursos limitados. La dificultad radicará menos en definir nuevas prioridades que en financiar y ejecutar las ya anunciadas.
SG/RT/APA